Bruselas rechaza toda discriminación a un trabajador procedente de un país asociado

La Comisión Europea ha enviado esta semana una carta a la secretaria general de la ACB, Esther Queralto, en la que le explica su posición sobre la contratación de jugadores de países candidatos a la adhesión con los que la UE tiene firmados acuerdos de asociación, como Turquía. La Dirección General de Educación y Cultura considera que el sistema de cupos basado en criterios de la nacionalidad de procedencia es una clara discriminación. Para la Comisión, una vez legalizado, ningún trabajador procedente de los países asociados puede ser discriminado.

Doble lenguaje

"Con el cupo se está poniendo una cláusula de nacionalidad a los jugadores de estos países; es lo que hemos dicho siempre y no hay ninguna novedad", declaró un alto funcionario de la Comisión Europea. Los servicios de la comisaria europea responsable de Deportes, Viviane Reding, insisten en que los contratos laborales con jugadores de países candidatos a la adhesión "están libres de toda discriminación" por cuestiones de nacionalidad. La respuesta de la Comisión obedece al conflicto creado por los llamados comunitarios B, a los que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha prohibido jugar como comunitarios, razón por la que se suspendieron tres encuentros el pasado fin de semana.La Comisión Europea deja clara su posición al respeto en la carta dirigida a la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB): "Los acuerdos europeos de asociación entre la Comunidad y sus Estados miembros con los Estados asociados prevén que los trabajadores de dichos países no sean objeto de discriminación en función de su nacionalidad con respecto a las condiciones de trabajo, una vez hayan sido contratados legalmente en un Estado miembro", se señala en la carta. "Esto significa", se añade en la misiva, "que los trabajadores de los países candidatos legalmente empleados en un Estado miembro han de ser tratados en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado respecto a las condiciones de trabajo, salario y despido", continúa la misiva.

La Comisión Europea recuerda que corresponde a cada Estado miembro autorizar la entrada y residencia de ciudadanos de países terceros en territorio de la UE, así como el acceso al primer empleo.

Bruselas se limita en la carta a hacer una interpretación sobre las decisiones que se están tomando en algunos países de la UE a la hora de contratar a los jugadores. Pero la Comisión Europea no tiene "fuerza ejecutiva" para imponer reglas sobre la materia específicas para el deporte. En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que "si se da un permiso de trabajo a un ciudadano de estos países asociados, no se puede poner después una cláusula por cuestión de nacionalidad".

El eurodiputado español del Partido Popular Gerardo Galeote también ha dirigido a la comisaria Reding una pregunta en la que le pide que se defina sobre los obstáculos que algunos clubes ponen en la contratación de jugadores no comunitarios.

En la Euroliga de baloncesto no existe ese cupo. Tampoco en categorías inferiores en España, "y nadie se queja". "Todos juegan con un doble lenguaje y cuando se firmaron los acuerdos de asociación nadie pensó en los problemas que iban a plantear 20, 30 o 100 deportistas", se lamentaron fuentes de la Comisión. Los Estados miembros tienen libertad absoluta para imponer las reglas que consideren oportunas en materia deportiva. La Comisión Europea sólo podrá actuar si se plantea una denuncia por violación del Derecho comunitario. La vía más rápida es que algún tribunal nacional plantee una pregunta prejudicial ante el Tribunal Europeo de la UE, con sede en Luxemburgo. Bruselas recuerda, en cualquier caso, que su posición "ha sido refrendada" por algunos tribunales nacionales.

La UE tiene firmados acuerdos de asociación con Polonia, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia y Turquía.

La posición de la comisaria Viviane Reding se remonta al anterior Ejecutivo comunitario, presidido por el luxemburgués Jacques Santer. El entonces comisario europeo responsable de Asuntos Sociales, Padraig Flynn, dejó claro en una respuesta a una pregunta parlamentaria que no se puede discriminar a estos trabajadores cuando estén "legalmente empleados" en un Estado miembro.

"La Comisión Europea ha mantenido siempre la misma posición en este asunto", se afirma en la carta.