El Gobierno se reúne de urgencia con los agricultores para frenar nuevas protestas
La nueva oleada de protestas por la subida del gasóleo llevó ayer al Gobierno a convocar hoy una reunión de urgencia con las organizaciones agrarias. Esos aumentos han socavado los acuerdos que a finales de septiembre terminaron con dos semanas de movilizaciones de agricultores, transportistas y pescadores. El Ejecutivo intentará salvar esos pactos para evitar que se desborde la situación. Los agricultores reclaman que esos acuerdos sean más flexibles. Y, en medio de la marejada, ayer Cepsa, elevó dos pesetas el precio de todos sus carburantes.
La grave situación que ha desencadenado las últimas subidas de los carburantes por parte de las petroleras ha forzado al Gobierno a actuar de inmediato para evitar que se reproduzcan las movilizaciones del pasado mes de septiembre. Eso sí, por medio de varios ministrros, adelantó que no piensa varias los acuerdos alcaznados ni bajar el impuesto de hidrocarburos como piden ocnusmidores y la oposición.Tras semanas de bloqueos de puertos, carreteras, depósitos de combustibles y marchas por las principales capitales, el Gobierno zanjó la cuestión con acuerdos que prevén alivios fiscales para los tres sectores más afectados (agricultores, transportistas y pescadores) con un coste para el erario público de 120.000 millones de pesetas.
Esos acuerdos están ahora en peligro puesto que los consumidores los consideran insuficientes. Quieren que se bajen los impuestos a los carburantes y el Gobierno les ha reiterado que de eso, nada. La reapertura del conflicto tiene su origen en la subida de hasta cinco pesetas en el precio de los gasóleos llevada a cabo por Repsol YPF y BP el pasado fin de semana, que se añadieron a la de Cepsa de una semana antes.
Acuerdos más flexibles
Ayer mismo y en medio de todo el jaleo, Cepsa elevó dos pesetas, de 75,9 a 77,9, el precio del litro de gasóleo agrícola de venta en gasolineras y otras dos el gasóleo de automoción y las gasolinas. Ahora el precio de los carburantes vuelve a equipararse en las gasolineras de las tres petroleras más importantes. La principal operadora, Repsol, por medio del presidente de la Fundación Repsol, el veterano José Luis Díaz Fernández, aventuró nuevas subidas por causa del alto precio del crudo. Las asociación agrícola UPA, que junto a Asaja se sentará con el ministro Miguel Arias Cañete, pondrá sobre la mesa la siguiente propuesta: "Lo que nosotros queremos", dijo ayer el representante de UPA, Fernando Moraleda, "no es acabar con los acuerdos, sino hacerlos más flexibles para que puedan responder a las últimas subidas y a las que probablemente vendrán".
En el mismo sentido se pronunció Asaja. "Es necesario dotar de contenido al acuerdo y adaptarlo para hacer frente a alzas de precios como los del fin de semana", declaró Juan José Álvares, portavoz de Asaja.
La tercera mayor organización agrícola, COAG, no participa en las reuniones porque no fue una de las firmantes de los acuerdos. Esta asociación prevé informar hoy si convocará las protestas con las que amenazó al Gobierno el sábado pasado.
Por parte de los transportistas, la asociación de camioneros autónomos, Fenadismer (socio de UPA en la Plataforma de Consumidores de Carburantes), exigió ayer la puesta en marcha de inmediato de los acuerdos del pasado mes de septiembre. Fenadismer habló de actuar con rapidez, pero de ningún modo prevé, al igual que UPA, convocar movilizaciones a corto plazo. Esto no significa que las descarten, sino que esperan a ver qué actitud tiene el Ejecutivo.
Desde el Gobierno, la posición ayer fue bastante unánime. Los ministros de Economía, Rodrigo Rato; de Hacienda, Cristóbal Montoro; de Fomento, Francisco Álvarez Cascos; y de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cerraron filas para dejar bien claro que los acuerdos firmados son "suficientes" para amortiguar la escalada de los precios de los carburantes en los costes de los sectores afectados. Coincidieron también en que los pactos no hace falta "ampliarlos".
El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, fue el más rotundo a la hora de afirmar que el Estado no desembolsará ni perderá una peseta más para dar más ayudas a los sectores.
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