Una intervención inquietante

La intervención del Consejo Superior de Deportes en la decisión de la ACB de admitir jugadores de baloncesto procedentes de Estados con Convenios con la UE, plantea sombras e inquietudes en el devenir del deporte profesional español. Por varias razones.La primera, porque no hay precedentes de una intervención pública, y menos de tal contundencia, en una actividad deportiva, que tanto desde el punto de vista jurídico como económico, solo cabe considerar privada.

La segunda porque pretende llegar tan lejos como dejar sin efecto sentencias judiciales ejecutivas, como es la recaída en el caso Mills, donde se reconoce el derecho fundamental de estos jugadores a no ser discriminados respecto a los comunitarios.

La tercera causa merece capítulo aparte: el CSD pretende ampararse en el convenio ACB-FEB que acordó reducir el número de jugadores no comunitarios. Según este acuerdo la ACB debía renunciar al tercer extranjero y la FEB eliminar de sus competiciones, donde por cierto deberían de formarse los jugadores españoles, otros 88 jugadores extranjeros. Pues bien, esta misma temporada la ACB cumplió su compromiso como es conocido, mientras la FEB no sólo no reducía sino que ampliaba a otros 28 jugadores mas en categorías de formación. Por su parte el CSD no sólo no se escandalizó ni actuó contra el incumplimiento del acuerdo que ahora se invoca, sino que aprobó todos los reglamentos federativos. Conclusión: parece que para el CSD 116 jugadores extranjeros no justificaban la intervención en aras a proteger un interés general que ahora sí parece estar perjudicado por sólo seis jugadores que se limitan a invocar un derecho fundamental.

Lo anterior ya es de por sí sorprendente y preocupante. Pero se agrava cuando se descalifica la posición jurídica de la ACB, que es la única parte de este conflicto que puede justificarla y fundamentarla con pronunciamientos judiciales, españoles y extranjeros, notificaciones de la Comisión Europea y decisiones de otros países; por el contrario no hay en Europa un solo documento con eficacia jurídica que avale la posición del CSD y de la FEB. Pero tampoco ello es suficiente para actuar con mayor prudencia.

Cabe sólo concluir que parece que se actúa sin ninguna perspectiva de futuro y con el objeto de retrasar lo que legalmente será inatacable, utilizando, con abuso, la lentitud de los procedimientos judiciales, y con absoluta despreocupación del perjuicio que pueden soportar jugadores y clubes, que son los que realmente sostienen el sistema deportivo, aquí y en toda Europa. El futuro camina hacia una gran Europa en cuya construcción todos los gobiernos están empeñados. El deporte puede ser tratado de forma específica, pero no los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos que por fortuna se basan en los principios de igualdad y no discriminación.

Jordi Bertomeu, ex secretario general de la ACB.