Vilajoana acaba el proyecto de la nueva ley de Archivos iniciado durante el mandato de Pujals

El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer el proyecto de la nueva ley de Archivos que será remitido al Parlament. La nueva norma, si finalmente es aprobada por la cámara legislativa, sustituirá a la que se aprobó en 1985, "un texto totalmente obsoleto", según han coincidido en considerar repetidamente en los últimos años tanto la Administración como los profesionales. La nueva ley afectará a todos los archivos y documentos existentes en Cataluña con independencia de su titularidad -autonómica, municipal, estatal e incluso privada-.

La necesidad de redactar una nueva ley de Archivos ha sido reivindicada periódicamente por la Asociación de Archiveros de Cataluña desde 1989, es decir, desde apenas cuatro años después de su aprobación. Pero las demandas de los archiveros no tuvieron un eco efectivo en la Administración de la Generalitat hasta 1997, cuando el entonces consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, y el director general de Patrimonio, Josep Maria Huguet, decidieron impulsar los trabajos de redacción de una nueva norma.El texto, sin embargo, nunca llegó a la mesa del Consell Executiu, y Vilajoana, ahora, ha debido culminar la tarea que Pujals dejó inconclusa. Algo similar a lo ocurrido con el decreto de doblaje de cine al catalán, aunque en este caso lo que ha tenido que hacer Vilajoana es buscar la forma de anular una norma que sí fue aprobada por el Gobierno catalán y que levantó ampollas entre las grandes compañías distribuidoras de cine norteamericanas.

La principal novedad del proyecto de ley de Archivos y Documentos de Cataluña -ésta es su denominación oficial- es que, con distinto grado, afectará a todos los archivos y documentos existentes en Cataluña, con independencia de su titularidad. La ley de 1985 sólo regulaba el Archivo Nacional de Cataluña y los archivos comarcales; la nueva regulará también -si se aprueba en los términos propuestos por la Generalitat- los de la Administración local. La ley, de alguna u otra forma, afectará a todos los archivos ubicados en Cataluña, incluso a los de titularidad estatal. El Archivo de la Corona de Aragón, por ejemplo, pasará a integrarse al Sistema de Archivos de Cataluña -"sin prejuicio de que se rija por la normativa estatal", precisa la nota difundida ayer por el Departamento de Cultura-. En el caso de la documentación privada, la ley obligará a sus propietarios a tenerla ordenada, a realizar un inventario y a entregar una copia del mismo al Departamento de Cultura, además de permitir el acceso a los documentos a quienes se indentifiquen como investigadores y a comunicar cualquier cambio en su titularidad. Se considerarán documentos privados aquellos de más de 40 años de antigüedad, en el caso de los producidos por entidades -empresas, asociaciones, etcétera-, y de 100 años en el caso de los de carácter personal o familiar.

El Gobierno de la Generalitat aprobó también ayer una reestructuración de la secretaría general del departamento consistente en la creación de un nuevo cargo, la dirección de servicios, para el que fue nombrada Pilar Pifarré, hasta ahora subdirectora general de Administración del propio Departamento de Cultura. Asimismo, el Ejecutivo aprobó la declaración de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, el Museo Cau Ferrat de Sitges y el Museo comarcal de La Garrotxa como secciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Por otra parte, se ha convocado concurso público para la adjudicación de obras por valor de más de 400 millones de pesetas en el Archivo Nacional, el castillo de Miravet, el monasterio de Sant Pere de Rodes, la Universidad de Cervera y el monasterio de Ripoll.