Los fiscales prevén una "chapuza" si no se resuelven las carencias actuales
El portavoz de la Asociación de Fiscales en Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, aseguró ayer que la entrada en vigor de la ley será una "chapuza" si, en los tres meses que restan para ello, no se resuelven todas las carencias actuales, informa Europa Press. "Una vez que se dicta la ley hay que crear los medios para poder aplicarla porque si no el resultado del trabajo es malo", dijo Rodríguez León. El fiscal dijo que en Andalucía no se ha invertido para adaptarse a lo previsto en la norma, a pesar de la "buena voluntad de los que tienen que aplicar la ley". La figura de los fiscales adquiere una especial relevancia en la ley de Responsabilidad Penal del Menor, lo que obligará a crear una infraestructura judicial en todas las provincias y, según la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, nuevos órganos como una sala del menor en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o un juzgado de menores en Algeciras (Cádiz). En cualquier caso, estas decisiones competen al Ministerio de Justicia.
El reforzamiento de personal representa uno de los apartados que mayor esfuerzo económico exigirá. La ampliación de equipos técnicos, abogados de oficio y policías tendrá un coste anual de 960 millones de pesetas, según el informe económico de la Dirección General de Atención al Niño. También el apartado del personal se llevará la mayor partida de la Consejería de Justicia: unos 640 millones de pesetas para los 200 nuevos puestos de trabajo.
Los representantes de la Junta se quejan del desajuste económico entre las inversiones reales a las que obliga la ley de Responsabilidad Penal del Menor y la previsión gubernamental. En la memoria económica de la norma se contempla la inversión de 5.000 millones de pesetas para todo el Estado -un tercio de lo que necesitaría la Comunidad Andaluza-, dirigida sobre todo a reforzar los órganos judiciales, que ampliarán notablemente las causas que se tramitan relacionadas con infracciones de menores y jóvenes. En la actualidad, están pendientes de resolución judicial 1.447 causas en Andalucía relacionadas con menores.
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