Voluntad de diálogo

La entrevista anunciada para hoy del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, y el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, parece que ha generado más expectativas de las que en sí mismo encierra este encuentro. Inicialmente se trataba de la firma de un nuevo convenio sobre la Inspección de Trabajo pero en el Gobierno andaluz han querido convertir la cita en algo más que en una reunión protocolaria y elevar su rango anunciando que se van a abordar, por fin, las transferencias de las políticas activas de empleo. Se trata de una primera ocasión en esta legislatura para comprobar si verdaderamente existe voluntad de diálogo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.Conviene saber que fue en un 24 de julio de 1996 cuando se iniciaron los primeros contactos para tratar de conseguir este objetivo. Desde entonces ha llovido mucho. Los andaluces hemos podido comprobar cómo otras comunidades, al margen de las históricas, como Valencia o Canarias, gobernadas por el PP o aliados, sí disfrutan ya de la gestión de estas competencias. Le fueron transferidas sin mayores condicionantes, a diferencia de lo que puede ocurrir en Andalucía, ya que el Gobierno central acaricia la idea de que parte de esas materias pasen directamente a los ayuntamientos, algo que no se han atrevido a hacer, por ejemplo, con vascos y catalanes. La verdad es que hay pocos signos que indiquen una mejoría de las relaciones entre ambas partes. Ya lo ha advertido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien observa con malos ojos el que esta semana, en el Parlamento andaluz, se aborden los Presupuestos Generales del Estado. Ven aquí los populares otra vez el fantasma del enfrentamiento institucional y eso que, según explican, las previsiones inversoras de la Administración central en Andalucía son más que excelentes, con un incremento superior al 40% con respecto a ejercicios anteriores. Si realmente es así, no se entiende tanto temor a que se analicen los número detalladamente en la Cámara autonómica andaluza.

No se comprende tampoco el empeño de las autoridades gubernativas en incrementar la dureza de la acción policial contra manifestantes. Los incidentes ocurridos días atrás en Granada no son aislados. Tienen una relación muy cercana con lo sucedido en Sevilla y en donde las víctimas fueron los integrantes de la COAG, que preparan nuevas movilizaciones a secundar de forma inmediata. En ambos casos, según la versión oficial correspondiente, no hubo carga policial y sí, en cambio, actuaciones puntuales de los agentes. No quieren decir que ahora hay instrucciones precisas para anular lo que el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, llama "radicalidad" que vienen a protagonizar algunos colectivos.

En cuanto a la Ley de Cajas cualquier cosa es posible que ocurra en las próximas jornadas. La Junta parece haber encontrado la vía adecuada con la adaptación, que no modificación, de los estatutos de forma directa. Un aviso para los "cajeros" de Sevilla y sus inventos, como el de la tercera vía que supuestamente ha surgido de la imaginación de los impositores. Resulta además esclarecedor el debate abierto en la Comunidad de Castilla y León, en donde el gobierno del popular Juan José Lucas ha hecho un proyecto de ley de cajas que viene a situar similar porcentaje de representación institucional en los órganos de gobierno de estas entidades, en detrimento de los impositores, al tiempo que fija en el Ejecutivo la potestad de autorizar fusiones futuras.

Será, igualmente, la semana del estreno de Monserrat Badía como portavoz del Gobierno. Un fichaje de Manuel Chaves que no ha tenido mala acogida en la opinión pública y que surge de su ya famoso banco de datos. Una misteriosa relación de nombres que lo mismo le da para cubrir los huecos que surgen en el entramado administrativo andaluz como en el futuro organigrama de un PSOE que ha de responder al "cambio tranquilo" ahora tan en boga.