La Audiencia investiga una estafa de 11.443 millones en supermercados

La Audiencia Nacional investiga un presunto delito continuado de estafa en la quiebra de los supermercados Más por Menos García León, SA, empresa andaluza, y en la suspensión de pagos de Tragoz Distribución, SA, sociedad salmantina, que, según los querellantes, han defraudado 11.443 millones de pesetas a 1.295 acreedores repartidos por 41 provincias españolas. Un auto de un juzgado de Sevilla asegura que los gestores se aprovecharon de la credulidad de los proveedores para recibir mercancías que no abonaron.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado competente al juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional para que investigue los hechos y de esta forma ha resuelto un conflicto de competencias entre el juzgado de primera instancia de Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde se tramitó la suspensión de pagos de ambas empresas, y el citado juzgado.Supermercados Más por Menos García León, SA, cadena con 150 tiendas, suspendió pagos en octubre de 1993 y aprobó un convenio de acreedores en 1995 sin que ninguno de ellos, en total 906, cobraran su deuda. Un informe de la sindicatura de la quiebra, fechado el pasado 14 de junio, señala que el pasivo provisional de la empresa es de 8.600 millones de pesetas y el activo provisional "practicamente nulo". Los síndicos señalan que del estudio de la contabilidad de la quebrada se desprende que no expresa la imagen fiel de su patrimonio y situación financiera.

El auto del juzgado de Alcalá de Guadaira, dictado en noviembre de 1998 y en el que acordó su inhibición a favor de la Audiencia Nacional, relata que tras el levantamiento de la suspensión de pagos de Supermercados Más por Menos García León, SA, entró en la empresa la familia salmantina Trapero, propietaria de Tragoz Distribución. Se firmó un contrato, con opción de compra, por el que esta última empresa gestionaría a la primera y le suministraría a través de sus distribuidores. Las ventas se ingresarían en Tragoz Distribución.

El juez asegura que tras la entrada de Tragoz se procedió a la descapitalización de Más por Menos y a su control a través de una sociedad instrumental , al mismo tiempo que comenzaron los impagos a los proveedores y la desaparición del activo, en inmuebles, de Supermercados Más por Menos García León.

Dicho auto señala que los hechos constituyen, al menos, un posible delito de estafa y asegura que los gestores se aprovecharon de la "credulidad" de los proveedores para recibir géneros y mercancías que han resultado impagados y para "eliminar el activo de la entidad suspensa".

El juzgado de instrucción número uno de la Audiencia Nacional ha aceptado trasladar las diligencias de Tragoz Distribución al número tres por tratarse de delitos conexos y ha autorizado a la sindicatura de la quiebra de Supermercados Más por Menos García León para que ejerza la acusación particular. Según la acusación, los querellados de Tragoz Distribución, SA, defraudaron a 389 acreedores un total de 2.843 millones de pesetas en mercancía que vendieron y no pagaron. Algunos estaban asegurados por Crédito y Caución.

La querella se ha presentado contra Julían Trapero Gómez, Gregorio García Díaz y otros ocho miembros de sus respectivas familias, entre otras personas. Sus defensas niegan las acusaciones y aseguran que se demostrara su inocencia. La defensa de Trapero asegura que se equivocaron en su inversión y que sólo son una "víctima más".

Entre los querellantes contra Tragoz Distribución, SA, figuran las empresas Sevillana de Quesos, SA; Industrias Alimentarias de Montilla, SA; Bestfoods España, SA; Ciccarelli España, SL; Perfumería GAL, SA; Bacardi Martini España, y Escuris.