Toda la oposición rechaza el recorte de los derechos de los inmigrantes

El Gobierno tendrá muy difícil alcanzar un consenso en torno a la nueva Ley de Extranjería si no renuncia a recortar los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares: reunión, asociación, huelga y sindicación. La defensa de estos derechos es el denominador común de todos los grupos de oposición, desde los más proclives a pactar con el Gobierno (Coalición Canaria, Convèrgencia i Unió y PSOE) hasta los que ayer vieron rechazadas sus enmiendas de totalidad al proyecto (Izquierda Unida, PNV y Grupo Mixto).

Derechos y permisos

La batería de enmiendas parciales (unas 300) que los distintos grupos de la oposición presentaron ayer tarde en el registro del Congreso a la contrarreforma de la Ley de Extranjería tienen un denominador común: la defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares frente al recorte pretendido por el Gobierno.El PSOE sostiene, por ejemplo, que negar a los indocumentados los derechos de sindicación o huelga es inconstitucional, atenta contra los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y vulnera la Ley de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores. Precisamente, agrega, "la sindicación puede representar un elemento esencial para conseguir la legalización o evitar la explotación ilegal de los que se hallan en situación irregular".

El Grupo Catalán sostiene, por su parte, que el reconocimiento de los derechos de asociación y reunión para todos los extranjeros, sin excepciones, se deriva del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que obliga a España.

La demanda de los partidos de la oposición cuenta con el sólido aval del Consejo General del Poder Judicial, que en su informe sobre el proyecto del Gobierno advirtió: "No deja de producir preocupación el regreso al sistema de la ley de 1985, privando a los extranjeros de los derechos de asociación, reunión, manifestación, libertad sindical y huelga".

Coalición Canaria tiende una mano al PP al admitir que el derecho de sindicación sólo pueda ejercerse cuando se tenga permiso de residencia y el de huelga, cuando se tenga autorización para trabajar. A CC, sin embargo, no le "parece ético" que se niegue a los hijos de los inmigrantes irregulares la posibilidad legal a acceder a la enseñanza no obligatoria (infantil, bachillerato, FP y Universidad), teniendo en cuenta que, en la práctica, ya se les excluye de ella, al no poder sufragarla.Junto a las enmiendas de carácter general (la necesidad de que la denegación de visados sea siempre motivada, la tutela judicial efectiva en todos los procedimientos de expulsión, la obligatoriedad del contingente anual de inmigrantes o la regularización de los 50.000 extranjeros rechazados en el último proceso de regularización), los grupos nacionalistas plantean demandas propias.

CiU quiere que las autonomías con competencias laborales puedan conceder los permisos de trabajo y disponer de personal destacado en embajadas y consulados. CC propone crear una comisión bilateral entre el Estado y el Gobierno canario para conocer con carácter previo todas las disposiciones sobre inmigración que afecten al archipiélago. El PNV pide que una disposición garantice las competencias de la Ertzaintza ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La creación de un fondo para financiar la integración social de los inmigrantes la reclaman tanto CiU como el PSOE.