El PP rechaza las enmiendas a la ley de residuos, que la oposición tilda de privatizadora

El Grupo Popular rechazó ayer las dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de residuos presentadas por los dos grupos de la oposición, que la tacharon de "privatizadora". El consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, defendió el proyecto, que, según dijo, sienta las bases de un modelo innovador y racional que acomete el problema desde una óptica realista. Por contra, la oposición considera que el proyecto de ley "hipoteca" la posibilidad de resolver uno de los principales problemas de la Comunidad Valenciana, al dejarlo en manos de la iniciativa privada.

Modrego, que defendió el proyecto del Consell, ofreció a la oposición un pacto que permita resolver lo que calificó como el principal problema ambiental de la Comunidad Valenciana. El consejero aseguró que el texto es necesario ante la ausencia de un modelo de gestión de residuos, ante el déficit de infraestructuras para su tratamiento y ante la falta de coordinación entre las instalaciones existentes. El proyecto, añadió, "sienta las bases de un modelo racional e innovador", afronta la resolución del problema de los residuos desde posicionamientos "realistas, apartados de dogmatismos y debates estériles" y, según el consejero, logra este objetivo "conjugando la iniciativa pública y la iniciativa social". Modrego afirmó que el proyecto "establece por primera vez un modelo de gestión de residuos" en la Comunidad Valenciana, frente a la actuación "puntual y descoordinada" de épocas anteriores.El titular de Medio Ambiente aseguró que el texto establece un sistema de planificación y gestión "abierto, flexible y transparente", basado en un plan integral que fija las directrices generales y en planes zonales que lo desarrollan, lo que permite garantizar "un eficaz control público" de un servicio que se prestará "de la manera más eficiente posible".

Pero la oposición no lo ve así. El portavoz de Esquerra Unida (EU), Joan Ribó, ofreció una decena de argumentos para rechazar el proyecto: está pensado para transferir la gestión de los residuos al sector privado, por lo que, en su opinión, debería denominarse "ley de privatización de la gestión de residuos", ya que establece un "reparto" del negocio de la basura; olvida la capacidad de gestionar los residuos de forma mancomunada; vacía de contenido a la Entidad de Residuos; parte de criterios "obsoletos" y no desecha la incineración; no establece ningún objetivo para reducir la producción de residuos ya que, al partir de un planteamiento privatizador, si se reducen los residuos disminuye el negocio; y, finalmente, que carece de concreción presupuestaria. Ribó señaló, además que el proyecto llega "con cinco años de retraso" y que es "considerablemente peor" que el que se presentó en 1999, cuando la Consejería de Medio Ambiente estaba en manos de Unión Valenciana.

Por su parte, Joan Francesc Peris, del Grupo Socialista-Progresistas, señaló que el proyecto del Consell no representa una nueva forma de gestión. "Es antiquísima", dijo, "preliberal y mercantilista" y con su objetivo de dejar en manos privadas la gestión de los residuos, no va a resolver los problemas. Peris denunció que el proyecto de ley constituye el "acta de defunción" del Plan Integral de Residuos (PIR) y añadió: "Ahora entendemos por qué el PP no ha incluido en los presupuestos del Consell de los últimos años las inversiones previstas en el PIR de 1997".

Para el diputado socialista, la "única preocupación" del PP con este proyecto es "abrir el tratamiento de los residuos a la iniciativa privada". Peris denunció que el texto no prevé ningún compromiso de inversión pública, cuando, en su opinión, es la Administración quien debe "impulsar" los proyectos y las infraestructuras relacionadas con los residuos, para luego, si así se estima, dar entrada a la iniciativa privada. Según Peris, el texto no incide en la reducción, la reutilización y el reciclaje, "objetivos de una política moderna en materia de residuos" que, según dijo, "hacen imprescindible la planificación pública de las infraestructuras".

Otro defecto que destacó Peris es la ausencia de un cuerpo de inspectores, necesario para controlar la gestión que el sector privado haga de los residuos.

Las dos enmiendas a la totalidad de la oposición fueron rechazadas por la mayoría popular.