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Reportaje:

Culebrón 'zelestial'

Como un culebrón en el que se acaba liando la trama hasta que se pierde la pista a sus protagonistas. Grosso modo, ésta sería la historia que Zeleste viene protagonizando desde los inicios de su historia en el Poblenou, barrio en el que se asentó en 1987 y en el que siempre ha obtenido unos resultados económicos que lo han mantenido al borde de la crisis. Finalmente, ésta se precipitó a comienzos del pasado mes de agosto, cuando se supo que la sala cerraría debido a un doble frente de deudas que implicaba a los propietarios de los tres locales en los que se asienta Zeleste -a quienes la sala adeudaría en torno a los 10 millones de pesetas- y a la Seguridad Social, a la que se había impagado la cuota patronal por un valor de 130 millones de pesetas. El caso es que finalmente Zeleste cerrará el próximo 9 de octubre sin que los protagonistas del culebrón, Víctor Jou y los socios y gestores de Almogàvers, SA, hayan aclarado su papel en la trama. Todo parece indicar que los problemas comenzaron cuando Zeleste quiso crecer. Mientras la sala se mantuvo en la calle de L'Argenteria, lugar en el que Víctor Jou y Pepe Aponte la fundaron en 1973, no sólo no hubo problemas económicos, sino que Zeleste promovió un sello discográfico propio, impulsó desde sus oficinas el Canet Rock, montó una escuela de música y dio lugar al nacimiento de una etiqueta musical que respondió por sonido laietano. Superada esta etapa, Zeleste se trasladó en 1987 a Poblenou para ocupar las naves de dos antiguas fábricas de alfombras y estampados. Las instalaciones estaban compuestas por un escenario de 120 metros cuadrados, una platea y pista de 900 metros cuadrados y unas terrazas que sumaban otros 500 metros cuadrados. Según dijo el propio Víctor Jou entonces: "Zeleste nace como un complejo cultural que trata de impulsar toda una historia cultural nueva, dar salida a una serie de corrientes que ya existen y que están entre la cultura, el arte y la tecnología". En otras palabras, Zeleste debía ser un contenedor que ofreciese en sus 4.000 metros cuadrados restaurantes, salas de exposición, escenario para conciertos, bares y un sinfín de actividades generadas por la misma sala en la mayor parte de los casos. Eso jamás llegó a ocurrir, y los números de esta inversión se antojaron insalvables justo un año después, cuando la empresa Buster, SA, una de las que participaron en la construcción del local, interpuso una demanda en el juzgado número 13 de Barcelona de la que resultó la declaración de quiebra de Zeleste. Esto supuso que se nombraran dos funcionarios que fiscalizasen la economía de la sala, controlada todavía por Víctor Jou y Almogàvers. El mismo Jou restó importancia a la situación de quiebra, que por otra parte no alteró el funcionamiento de la sala, al manifestar "esta empresa se puso nerviosa cuando no abonamos una de las mensualidades en las que habíamos fraccionado el pago de la deuda que tenemos con ella. Estamos en conversaciones para solucionar este asunto". Pero pocos meses después, en febrero de 1989, el mismo juzgado número 13 acogió una reunión de los acreedores de la sala, a quienes se debía alrededor de 120 millones de pesetas, en la que se nombró a tres síndicos que les representasen frente a la sociedad gestora de Zeleste, Almogàvers. Estos síndicos debían aceptar la ejecución de un convenio de devolución de deuda que Almogàvers tenía que presentar, amén de controlar la vida económica del local. Tres días después, los acreedores comenzaron a cuestionar públicamente la gestión de Jou al frente de Zeleste, a quien consideraban el único escollo existente para la resolución de los problemas que aquejaban a la sala. La presión de los acreedores llevó a Jou a abandonar Zeleste, en cuya dirección fue sustituido por Rafael Moll en marzo de 1989. Pocos meses después, en junio del mismo año, Moll dimitió manifestando que nunca había visto un "caso de nepotismo tan evidente como el ejercido por dos de los tres síndicos que representan a los acreedores. Ellos son el de Construcciones Odeón y el de Carpintería Monteagudo". Estas acusaciones generaron un cruce de declaraciones en el que Lluís Ridau (Construcciones Odeón) manifestó: "Rafael Moll ha sido destituido por ineptitud en el cargo". Claudi Feliu sustituyó a Moll como director artístico en agosto de 1989 y se mantuvo en el cargo hasta enero de 1994, tras superar una crisis producida por la clausura durante dos meses después de una inspección policial sobre consumo de drogas. Los síndicos que controlaban Zeleste ni siquiera recurrieron contra esta sanción. El local ya no reabrió la sala 2, aquejada de problemas de seguridad.El 20 de diciembre de 1995 se comenzó a escribir el penúltimo capítulo del guión. Tras un informe positivo sobre la viabilidad económica de la sala emitido por Xavier Vilanova, administrador judicial nombrado por el juzgado número 13, Víctor Jou y Almogàvers recobraron el control de Zeleste a cambio de devolver la deuda a los acreedores implicados en la construcción del local en un plazo de 10 años. Para vigilar el proceso se nombró un comité de seguimiento formado por tres representantes de empresas acreedoras (Banco Guipuzcoano, Foli Vert y Filmtel). Entonces Jou manifestó: "Volver a Zeleste es como si te secuestran a un hijo y te lo devuelven años después un poco desnutrido". El último capítulo se comenzó a escribir en agosto de este año, después de un periodo de silencio en el que se logró abrir la sala 3 y reabrir la sala 2 (marzo de 2000). Una vez realizadas en esta última las inversiones en materia de seguridad que solventaron los problemas que llevaron a su cierre en 1995, trascendió que además de la deuda a los proveedores existía otra con la Seguridad Social (130 millones) y una tercera de 10 millones con los propietarios de los locales. En conjunto el pasivo, siempre según cifras no contrastadas, alcanza los 230 millones, pero el motor del cierre lo ha determinado el impago de unos alquileres al parecer no abonados cuando se estaba invirtiendo en obras de acondicionamiento de las salas 2 y 3. El propietario del local que alberga la sala 1 instó al desahucio, iniciativa a la que se sumaron los propietarios de las salas 2 y 3. Fuentes de la actual gerencia sostienen que el impago a la Seguridad Social arranca de la época en la que Zeleste fue controlada por los síndicos, pero estas fuentes no han aclarado qué sentido tiene hacer obras en un local cuyo alquiler no se paga. Finalmente, y según fuentes de la gerencia de Almogàvers, la negativa de los propietarios de los locales a garantizar la renovación del contrato de alquiler más allá de su vencimiento (año 2006) ha parecido aconsejar a los rectores de la sala que no gestionen la solución de unos problemas económicos que dejarán a Barcelona sin Zeleste.

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