El Gobierno pide a Boliden que explique su marcha tras recibir 6.277 millones de la Administración

La decisión de Boliden Apirsa de suspender pagos y abandonar la mina de Aznalcóllar ha cogido con el pie cambiado al Gobierno y a la Junta de Andalucía. A pesar de la catástrofe ecológica que provocó la rotura de su balsa de residuos en el entorno de Doñana, ambas administraciones se habían comprometido a facilitar la supervivencia de la explotación sevillana. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, instó ayer a la empresa a "explicar muy bien esa decisión, porque ha recibido fondos públicos". Piqué, que era titular de Industria cuando se produjo el vertido tóxico (abril de 1998), hizo referencia así a los 6.277 millones de pesetas con los que Gobierno y Junta subvencionaron a Boliden Apirsa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, dijo ayer desconocer "las circunstancias que han llevado a la suspensión de pagos" de Boliden Apirsa en los pasillos del Congreso de los Diputados. "En el ámbito de las decisiones de la empresa privada, no hay que inmiscuirse", indicó el ministro, aunque sí requirió explicaciones a la filial española de la multinacional Boliden Limited sobre el destino de los 6.277 millones de pesetas concedidos por el Gobierno y la Junta para el "reflotamiento" de la mina. Boliden Apirsa presentó el pasado lunes un expediente de suspensión de pagos en un juzgado sevillano con el que pretende saldar 14.600 millones de deudas (debe 9.400 millones a Boliden Limited) y "concluir sus operaciones de una manera ordenada". La empresa prevé abandonar la explotación de Aznalcóllar dentro de un año, al no contar con los 5.000 millones necesarios para aprovechar un nuevo yacimiento (Los Frailes). La precaria situación financiera de la multinacional, que arrastra una deuda de 130.000 millones, le impide poner más dinero en su filial para un filón que debía garantizar la pervivencia de la mina 10 años más.

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, también anunció que su departamento exigirá a la empresa "las responsabilidades que se puedan derivar no sólo del accidente de Aznalcóllar, sino también de los expedientes de las subvenciones concedidas". El ministro añadió que "en este asunto, algunos no han actuado correctamente". En todo caso, un portavoz de la empresa recordó que los expedientes de subvención -Boliden Apirsa ya ha cobrado todos, salvo 450 millones de la Junta de Andalucía-, fueron aprobados en su momento por las administraciones central y autonómica.

"No tengo ninguna duda de que tanto las ayudas del Gobierno como las de la Junta se concedieron con todos los requisitos que marca la ley", terció el consejero andaluz de Industria, José Antonio Viera, quien respondía así a una pregunta parlamentaria del secretario regional del PP, Antonio Sanz, sobre el destino de las subvenciones concedidas por el Gobierno autonómico a Boliden Apirsa.

El consejero andaluz (del PSOE) apostó por un esfuerzo conjunto de ambas administraciones por garantizar la viabilidad de la actividad minera en la zona. Viera indicó que la rotura de la balsa minera "si bien no ha sido un factor determinante, sí ha ayudado a empeorar la situación". La empresa sostiene que las labores de limpieza del vertido tóxico, las indemnizaciones a los agricultores y el sellado de la balsa accidentada (aún sin concluir) le ha costado 16.000 millones de pesetas, en los que incluye las pérdidas por un año sin actividad.

Izquierda Unida (IU) también cargó contra la decisión de la empresa de suspender pagos. "La sociedad andaluza se siente atracada por Boliden, cuya acción ha sido coger el dinero, contaminar, dejar a los trabajadores sin empleo y correr", indicó el coordinador regional de IU, Antonio Romero.

Por su parte, los grupos ecologistas insistieron en que la empresa no puede dejar la explotación sin concluir los trabajos de restauración de la zona. Además, en caso de que ninguna compañía minera siguiera con la actividad en Aznalcóllar, la empresa tendrá que tapar la antigua corta (mina a cielo abierto) que se ha empleado como depósito de los lodos tóxicos recogidos del valle del Guadiamar.

Asamblea de la plantilla

Los trabajadores de la mina (474 personas en plantilla) celebraron ayer una asamblea para analizar la suspensión de pagos. El presidente del comité de empresa, Antonio Perejil, indicó que la asamblea había decidido requerir más información a la empresa, que no cuantificó el "ajuste de plantilla" que quiere efectuar este año y que la empresa y los trabajadores tendrán un nuevo encuentro el próximo 11 de octubre. Perejil aseguró que directivos de la empresa habían confirmado al comité contactos con "tres compañías", dos canadienses y una australiana. La decisión de suspensión de pagos no afecta al proceso judicial, aún en fase de instrucción, aunque fuentes judiciales admitieron la dificultad de implicar a la multinacional, Boliden Limited, en el pago de una hipotética indemnización por el vertido. Boliden Apirsa (34.000 millones en activos), que tiene siete empleados imputados en la investigación, está constituida desde su formación como sociedad limitada.