El empleado municipal de Cádiz que alteró datos de inmigrantes chinos se ratifica ante el juez

El principal implicado en la supuesta mafia dedicada a falsificar datos administrativos para regularizar a inmigrantes chinos en la provincia de Cádiz, el empleado laboral del Ayuntamiento de la capital gaditana José Antonio Gómez Castro reconoció ayer, en su primera declaración ante el juez que instruye el caso, que introdujo observaciones en los certificados de residencia de "algunos" de estos ciudadanos. Amplió la fecha de empadronamiento, aunque no aclaró las razones que le llevaron a hacerlo. En su primera declaración a la policía, afirmó que lo hizo porque "sentía pena" por estas personas.

Altruista

Otro de los imputados en la causa, Manuel Bueno Grimaldi, reiteró su inocencia y negó que tuviese conocimiento de esta práctica ilegal. Los otros dos imputados que estaban citados, los inmigrantes de nacionalidad china, Feng H. y Jiang J., de 25 y 29 años de edad, no comparecieron a la citación judicial sin que se sepan las causas. El magistrado titular del juzgado de instrucción número 5 de Cádiz, Francisco Javier Martínez Derqui, ha citado nuevamente para hoy a todos los imputados. Declararán, en esta ocasión, con la presencia del Ministerio Fiscal, que ayer no asistió a las declaraciones. En este acto el juez realizará las imputaciones formales a los implicados.El empleado laboral del Ayuntamiento de Cadiz si asistió a la citación judicial. Desde que fue detenido y más tarde puesto en libertad con cargos, como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, este trabajador no había acudido a las dos citaciones administrativas del concejal del Partido Popular, Ignacio Romaní, quien ha instruido el expediente municipal que detecta hasta 24 faltas administrativas en su actuación. Su letrado alegó motivos de salud para justificar la incomparecencia de Gómez Castro a las llamadas a declarar en la instrucción municipal.

Temeridad

José Antonio Gómez Castro, destinado en el área de padrón del departamento municipal de Estadística, modificó "algunas" fechas de empadronamiento de ciudadanos chinos para que éstos pudieran acogerse al proceso de regularización de la actual Ley de Extranjería, aunque actuó de manera altruista. Según su abogado, Javier Carnerero, no recibió cantidad económica alguna por este procedimiento. "Incluyó observaciones y amplió fechas de empadronamiento a instancias de los solicitantes, aunque mi cliente está claro que no ganó nada con eso", afirmó ayer el letrado, quien, con todo, no aclaró las razones que motivaron a su cliente a actuar con este proceder. Aún así, Carnerero defendió la inocencia de su cliente y responsabilizó al Negociado del departamento de Estadística de no cotejar las observaciones que introdujo: "Estos datos debían haberse comprobado por la dirección del área del padrón, que es la última responsable de los certificados". "El problema -añadió el letrado- es que en este departamento había consignas de la dirección, en aquellos días previos a que terminase el proceso de regularización, para que se agilizase la documentación de todo el mundo y no hubiera atascos ni colas".Por su parte, Manuel Bueno Grimaldi, el agente comercial que supuestamente hacía de enlace entre los inmigrantes chinos y el empleado municipal, afirmó ayer que acompañó a inmigrantes de esta nacionalidad a las ventanillas del servicio de Estadística para ayudarles a arreglar su documentación pero negó que se realizaran falsificaciones o alteraciones de los datos de los ciudadanos chinos bajo su conocimiento. "En ningún caso supe que se estaban modificando estas fechas", dijo Bueno, conocido en Cádiz como Manolín por su estrecha relación con la comunidad china, a su salida de los juzgados.

Respecto a la resolución del expediente administrativo concluido por un instructor en el Ayuntamiento de Cádiz, que puede acabar en el despido de Gómez Castro, el abogado Javier Carnerero sostuvo ayer que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, cometería "una temeridad" si firmase la baja y expulsión de su cliente. El letrado, que ha solicitado sin éxito que se paralice el expediente municipal, afirmó que el gobierno local, del PP, "debería esperar, por pura lógica" al fallo de la vía penal, antes de actuar administrativamente contra Gómez Castro.