La Junta exige a los empresarios que desvelen en 24 horas la lista de asilos ilegales en la región
El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, retó ayer a la Federación de Empresarios de Servicios Sociales para la Tercera Edad (Faeste) a presentar el listado con todas las residencias ilegales de mayores que operan en Andalucía. El presidente de la asociación, José Luis de la Vega, aseguró un día antes que estos centros oscilan entre 650 y 700 y superan el número de instalaciones legales. Pérez Saldaña, que achacó esta afirmación a un ejercicio de "temeridad", aseguró que su departamento ha abierto expedientes a 27 centros por anomalías.
Más vigilancia
El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, emplazó ayer a la Federación de Empresarios de Servicios Sociales para la Tercera Edad (Faeste), perteneciente a la CEA, a presentar "en 24 horas" en su departamento el listado con las residencias ilegales de mayores que operan en Andalucía. Durante la celebración de las primeras jornadas andaluzas sobre residencias de mayores, el presidente de la organización, José Luis de la Vega, había asegurado que los centros irregulares oscilaban entre 650 y 700, un cifra que rebasa el número de instalaciones legales, que asciende a 650, según el consejero de Asuntos Sociales.Pérez Saldaña tildó de "irresponsabilidad" y "temeridad" del presidente de Faeste estas afirmaciones y le instó a facilitar los datos a la Administración: "Si alguien tiene conocimiento de la existencia de residencias ilegales, se está olvidando de que la Ley de Atención al Mayor le obliga a dar esa información al Gobierno, a la Consejería o a la policía", informa Europa Press.
La Junta tramita en la actualidad 27 expedientes administrativos a residencias que incumplen los requisitos legales. El consejero distinguió estos casos de posibles infracciones de aquellas residencias que están en fase de regularización, que representan un 35% de las existentes. Estos centros disponen de una autorización provisional mientras no culminan su proceso de acreditación y adecuación a la normativa.
El titular de Asuntos Sociales subrayó, además, que uno de los objetivos del plan de inspección aprobado a comienzos de este año contempla el incremento de personal para controlar las residencias de mayores. Pérez Saldaña aseguró que se duplicarán los dos inspectores que hay en cada provincia en la actualidad -el presidente de Faeste había rebajado el número a uno-, una medida que su departamento contempla para 2001 en una partida presupuestaria.El consejero hizo hincapié en la apuesta realizada por la Junta de Andalucía por el sector empresarial privado con acuerdos para gestionar centros para mayores, pero advirtió de que no se puede "tratar de desviar hacia su sector unos datos de absoluta inexactitud", en alusión a la cifra de centros clandestinos ofrecida un día antes en Sevilla por el presidente de Faeste. Pérez Saldaña apostilló que estas cifras sólo podrían estar en manos de "quien tiene inspectores para poderlo comprobar". "La clandestinidad no puede estar regulada", apostilló.
Durante la toma de posesión de Francisco Obregón Rojano como nuevo delegado provincial de Asuntos Sociales en Sevilla, el consejero defendió la situación de Andalucía en cuanto a plazas para mayores. Las 650 residencias existentes proporcionan camas para 28.000 personas. La comunidad andaluza, por su capacidad de atención a este segmento de población, ocupa el noveno lugar entre todas las comunidades autónomas, según informa Efe.
