El Poder Judicial pone serios reparos a la reforma antiterrorista del Gobierno

El informe que hoy aprobará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno para endurecer las medidas legales contra el terrorismo pone serios reparos a esta iniciativa gubernamental. La Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, integrada por cinco vocales y presidida por Enrique Arnaldo, cuestionó la competencia del Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional para delitos cometidos por chavales de menos de 16 años, y puso también en tela de juicio los nuevos delitos de apología de terrorismo y alteración de los plenos municipales.

Sólo mayores de 16 años

La parte de la reforma legal que suscita un mayor rechazo en el proyecto de informe, que hoy se someterá al pleno del CGPJ, se refiere a las modificaciones de la Ley Penal del Menor, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2001. En aras de la unanimidad de los cinco miembros de la comisión, las críticas se han suavizado y, en algunos casos, según fuentes del Consejo, se expresan de forma críptica y ambigua.Los vocales de la comisión de estudios estimaron inadecuado que el pretendido nuevo Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional, en Madrid, deba conocer los delitos cometidos por los menores de 18 años, a no ser por la gravedad de las acciones terroristas. Se recordó que, en el caso de los menores, tiene especial importancia que los infractores sean enjuiciados cerca de su domicilio. La ley que se proyecta reformar prevé que los menores sean enjuiciados por juzgados de menores ordinarios en las diferentes comunidades autónomas.

Varios consejeros del Poder Judicial no presentes ayer en la comisión de estudios proyectan plantear esta tarde sus críticas ante el pleno. Rechazan que a la excepcionalidad de la Audiencia Nacional se pretenda añadir una segunda excepcionalidad, consistente en que dicho órgano judicial conozca las acciones terroristas cometidas por menores de 18 años.

En todo caso, el proyecto de informe elaborado ayer recomienda al Gobierno que en ningún caso sean juzgados en la Audiencia Nacional los supuestos delincuentes terroristas de hasta 14 y 15 años, como propone el Ejecutivo.Otras objeciones al anteproyecto de ley de reforma de la Ley Penal del Menor se refieren a la necesaria proporcionalidad de las penas, que no se cumpliría, según los vocales del CGPJ, si la actual medida de internamiento, ya prevista para acciones graves, incluidas las terroristas, se ampliara de los cinco años previstos como máximo hasta los 10 años, un plazo temporal que no puede tener una finalidad educativa, según criterios criminológicos generalmente aceptados.

También se critica la inseguridad jurídica que se produciría si el abanico de internamientos de menores posible fuera de uno a 10 años, lo que favorecería un excesivo arbitrio judicial.

En relación con la proyectada reforma del Código Penal, en la reunión de la comisión de estudios se planteó ayer que, para penalizar la apología del terrorismo es preciso que se produzca alguna conducta concreta de incitación a la violencia.

El anteproyecto propone castigar con penas de entre uno y dos años de cárcel "el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión" de los delitos de terrorismo "o de quienes hayan participado en su ejecución".

En la comisión se recordó ayer que un delito similar, vigente en el Código Penal anterior al de 1995, fue desautorizado por el Tribunal Constitucional, que en 1986 amparó al diario Egin, condenado por los tribunales ordinarios por apología del terrorismo por la publicación en sus páginas de un comunicado de ETA. El informe reproduce uno de los razonamientos de la entonces ponente, la magistrada Gloria Begué, en favor de la prioridad de la libertad de expresión.

En cambio, la comisión ha elogiado la incorporación del delito que protege penalmente contra el "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares" y se ha pedido la extensión a otras áreas del derecho penal. También ha merecido elogios la ampliación de la pena de inhabilitación a los responsables de delitos terroristas, para impedir su presencia en cargos públicos.

El informe, como anticipó ayer este periódico, critica que se penalice la perturbación de los plenos municipales. La comisión del CGPJ estima que no basta con que se perturbe el orden, sino que será necesario que su alteración sea de tal gravedad que paralice el trabajo municipal.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia se opuso ayer a la modificación de la Ley Penal del Menor antes de su entrada en vigor, así como a que se trasladen a la Audiencia Nacional las competencias para instruir y juzgar los delitos de terrorismo cometidos por menores. También critica el nuevo delito de apología del terrorismo.