La Confederación de Minusválidos pide reformar la ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal exige que la mitad más uno de los integrantes de una comunidad de propietarios dé el consentimiento para que en un bloque puedan eliminarse las barreras arquitectónicas. Este quórum establecido por la legislación deja a los discapacitados a expensas de los vecinos para entrar en su propia casa. La Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF) entiende que este requisito es inconstitucional, por lo que reclama al Gobierno la reforma de la normativa.

En una queja elevada hace más de un año al Defensor del Pueblo español, la CAMF lamentó que para obras que para cualquier disminuido físico resultan imprescindibles se exija un quórum mayor (51%) que para la instalación de servicios de comunicaciones o de energía solar, que sólo requieren un tercio de los votos. La organización viene reclamando la reforma de la ley casi desde el mismo momento de su aprobación, en abril de 1999. Aunque la confederación pretendía comenzar a finales de septiembre una recogida de firmas para avalar una iniciativa legislativa popular, ha decidido conceder "un tiempo prudente" al Gobierno después de que Asuntos Sociales se comprometiera hace poco más de una semana a estudiar la modificación del texto legislativo.La confederación argumenta que con frecuencia el quórum exigido es difícil de alcanzar porque las comunidades de propietarios no desean afrontar obras por causas tan dispares como los costes económicos, la estética del inmueble o rencillas personales. "El colectivo no puede depender de la buena voluntad de sus vecinos", apunta Gonzalo Rivas, portavoz de la CAMF. La organización sostiene que para la supresión de barreras debería ser suficiente con el permiso de la administración competente en la que conste que las obras no dañan la infraestructura del edificio. La ley contempla la posibilidad de que, en caso de que los propietarios nieguen la adaptación, un juez dirima en el conflicto. Aunque generalmente las sentencias son favorables, la CAMF se opone a que los discapacitados tengan que acudir a los tribunales para ejercer derechos reconocidos en la Constitución.