Cinco inmigrantes que estaban en huelga de hambre en una iglesia de Almería precisan atención médica
Esperaban acogerse al proceso extraordinario de regularización abierto en marzo por el Gobierno, pero les han denegado la solicitud. No saben por qué, pero sí saben que sin papeles les resultará muy difícil encontrar trabajo, a pesar de que la mayoría de ellos llevan más de dos años trabajando en la provincia de Almería. El lunes decidieron plantarse ante la subdelegación del Gobierno. El miércoles iniciaron un encierro en la parroquia de San José. Y el jueves, una huelga de hambre. Desde entonces, cinco de los inmigrantes que se mantenían a base de agua y azúcar han tenido que ser atendidos en los servicios de urgencias del hospital Torrecárdenas.El centenar de inmigrantes que a principios de semana decidía dormir en la calle, frente a la subdelegación del Gobierno en Almería, no respondía a la convocatoria de ninguna asociación. Fue una protesta espontánea para exigir que se les reconociera legalmente su trabajo y residencia en España. El miércoles acudieron a la iglesia San José de Almería y, desde entonces, unos 75 inmigrantes permanecen encerrados en los sótanos de esta parroquia.
Otro centenar de inmigrantes duerme a la intemperie, delante de la parroquia, desde el miércoles. Ninguno está dipuesto a deponer su actitud hasta que alguien escuche sus demandas, aunque una semana en la calle haya supuesto que cinco huelguistas, entre ellos un menor de 16 años, hayan tenido ya que ser atendidos en el servicio de urgencias del hospital Torrecárdenas.
El único alimento de los inmigrantes encerrados es agua y azúcar. El jueves miembros de Almería-Acoge y Comisiones Obreras les facilitaron zumos, agua, vasos y cucharillas. Y, desde el mismo jueves, los inmigrantes encerrados cuentan ya con el respaldo de diversas organizaciones.
Muchos de los encerrados argumentan que perdieron las pruebas de su estancia en España durante los acontecimientos racistas de El Ejido, ocurridos en febrero, aunque afirman que en el proceso de regularización presentaron la denuncia que de esa pérdida realizaron ante SOS Racismo. No ha sido posible recabar la opinión sobre este encierro del subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso.
Mientras, CCOO, UGT y Almería-Acoge han preparado un informe jurídico sobre el modo en el que se ha desarrollo este proceso en la provincia almeriense, donde se presentaron casi 20.800 solicitudes y de las 14.000 resueltas ya se han desestimado 6.000.
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