Trabajo invertirá 3.300 millones hasta 2003 en el plan Auzolan de inserción laboral de parados de larga duración

El Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social está rediseñando su política de acción social para combinar las ayudas económicas como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o las Ayudas de Emergencia Social con políticas activas que permitan a los más desfavorecidos la integración social. En este objetivo se enmarca el plan Auzolan, que ofrecerá un empleo en labores comunitarias de ámbito municipal a los desempleados de larga duración que reciben ayudas económicas de la Administración. "En un porcentaje altísimo la exclusión social está relacionada con la falta de empleo", aseguró ayer el consejero de Trabajo, Sabin Intxaurraga. El departamento que dirige ya se ha puesto en contacto con ayuntamientos y con las diputaciones forales, que son las que tienen que crear empleos específicos para que los parados de larga duración puedan acceder a un trabajo.

El plan pretende que las instituciones locales y forales creen empleos específicos en labores comunitarias, como el acompañamiento a personas mayores, la mejora y rehabilitación de barrios degradados y el mantenimiento de espacios públicos, para que los desempeñen los beneficiarios de las ayudas públicas IMI. "En ningún caso se podrá utilizar a estas personas para cubrir actividades normales o para sustituir a personal que realiza tareas habituales", subrayó el consejero, quien animó a los entes forales y a las diputaciones a colaborar con este plan.

Los titulares del IMI y las personas en situación de riesgo de exclusión social que se comprometan a seguir un plan de inserción laboral con los servicios sociales de base podrán acceder a este tipo de empleos. Por su trabajo, que será a tiempo parcial y se prolongará durante seis meses, percibirán un sueldo en función del número de miembros de su familia. Si el beneficiario no tiene cargas familiares, percibirá un salario de 72.895 pesetas, que se incrementa hasata las 136.509 pesetas, en el caso de una familia de cinco miembros.

La consejería destinará a este plan cerca de 3.300 millones hasta el año 2003 y se encargará de pagar íntegramente los salarios de los trabajadores. Por su parte, los ayuntamientos y diputaciones que ofrezcan los empleos sólo tendrán que aportar el pago de unas 15.000 pesetas mensuales por trabajador, en concepto de cargas sociales.

Un total de 12.754 vascos perciben el IMI. En su mayoría, son mujeres divorciadas o separadas, de entre 25 y 44 años, y con hijos a su cargo. Trabajo calcula que sólo un 10% de los beneficiarios de estas ayudas está capacitada física y psicológicamente para acceder a los empleos del plan Auzolan, que se concibe como un paso intermedio hacia la inserción de estas personas en el mercado laboral ordinario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 20 de septiembre de 2000.

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