La reforma antiterrorista eleva a 10 años el internamiento previsto en la Ley del Menor

El anteproyecto de ley para endurecer las medidas contra el entorno de ETA prevé duplicar el tiempo de internamiento de los menores implicados en delitos de terrorismo, de forma que un adolescente de entre 14 y 18 años podrá ser internado en un establecimiento de régimen cerrado de uno a 10 años y salir en libertad vigilada otros cinco años. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, que presentó el articulado de la ley, no concretó dónde estarán situados los centros de rehabilitación de esos menores, que serán juzgados en la Audiencia Nacional: "Tendremos tiempo", dijo.

Según Acebes, las medidas de reforma no sólo caben "escrupulosamente" en el marco constitucional, sino "incluso en el mandato constitucional" de perseguir a los que atentan contra el Estado de derecho. El ministro sostuvo que no se trata de medidas "excepcionales" sino que sólo tratan de "mejorar" el Código Penal y la Ley del Menor, una ley hecha por el PP y que va a ser reformada antes de su entrada en vigor. El anteproyecto ha sido remitido para que emitan su informe al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y a la Fiscalía General del Estado.El ministro dijo que han debatido las líneas del anteproyecto con el PSOE, CiU y Coalición Canaria, que se han mostrado de acuerdo con los objetivos y cuestiones de fondo, han hecho aportaciones y con quienes seguirán hablando. Añadió que el PSOE, en materia de menores, mantiene diferencias técnicas en algunas medidas concretas, por lo que están trabajando para proponer algunas sugerencias o para la tramitación parlamentaria de éstas por la vía de enmienda.

Respecto a si el texto había sido consultado con el PNV, Acebes replicó: "Pensamos consultarlo con todos los grupos parlamentarios durante su tramitación". En otro momento criticó al consejero de Interior vaso, Javier Balza, por las órdenes dadas para intentar disolver la manifestación pacifista del pasado viernes en San Sebastián.

Preparada para enero

Acebes añadió que el Gobierno quiere tener la reforma concluida y en vigor para enero, coincidiendo con el comienzo de la aplicación de la Ley Penal del Menor. Sobre ésta, destacó que amplía de 5 a 10 años el límite máximo de internamiento en un centro de régimen cerrado para los menores de entre 14 y 18 años implicados en delitos de terrorismo. El juez podrá modificar en cualquier momento la situación de internamiento efectivo de los menores de entre 14 y 16 años a la vista de su evolución. Para los mayores de 16 años, sólo podrá modificarse, suspenderse o sustituirse la medida impuesta cuando hayan cumplido al menos la mitad del periodo de internamiento. A los que tengan entre 18 y 21 años y cometan actos de terrorismo se les aplicará directamente el Código Penal.La modificación establece la creación en la Audiencia Nacional de un juez central de menores para juzgar los delitos de terrorismo cometidos por éstos.

El Gobierno pondrá a disposición de la Audiencia Nacional el personal especializado para la ejecución de las medidas de internamiento que se acuerden. Acebes dijo que no está concretado dónde se ubicará el centro especializado de internamiento para los menores condenados por terrorismo, pero aseguró que tendrá tiempo de concretarlo. La Ley Penal del Menor reconoce a los menores el derecho a ser internados en el centro más cercano a su domicilio y a no ser trasladados fuera de su comunidad autónoma, "excepto en los casos y con los requisitos previstos en esta ley y sus normas de desarrollo".

El ministro destacó también la creación del nuevo delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo que sanciona estas conductas con penas de uno a dos años de prisión, así como a quienes realicen actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o sus familias.

Pasa también a considerarse terrorismo las acciones de violencia callejera que no pongan en riesgo la vida de las personas, como la quema de autobuses, aunque se haga descender a los usuarios. También se perseguirá como terrorismo la tenencia y transporte por separado de los componentes para fabricar artefactos.

Se otorga mayor protección a los concejales de las corporaciones locales y a los plenos que se celebren en éstas, y se reforma la pena de inhabilitación absoluta para desarrollar empleos o cargos públicos durante 6 a 20 años y que no podrá ser inferior a la condena.