Una respuesta verde y solidaria

Estamos siendo testigos de los inicios de lo que serán los largos y conflictivos coletazos de la época del petróleo. Por doloroso de aceptar que sea para algunos, probablemente los precios de la gasolina y del gasoil ya no van a bajar de forma significativa nunca más (salvo transitoriamente, en períodos cada vez más breves iniciados con una caída de la demanda). Habrá que ir acostumbrándose al hecho de que ya no volverán los tiempos de cuando esta fuente energética, producto de millones de años de actividad de la naturaleza, se vendía a precio de saldo. Sí, es cierto que queda crudo para unas cuantas décadas más, pero la enorme demanda de la economía mundial ya ha comenzado a forzar la capacidad de producción y la cantidad de petróleo que puede ser extraída de la tierra cada año está llegando a su cima. Las subidas de los precios del petróleo denotan una escasez del producto, tanto en términos económicos como en términos geofísicos. Según muchos expertos la única manera de controlar el precio del barril es limitar la demanda y promocionar otras fuentes de energía, lo que coincide con la estrategia de que es urgente hacer frente a uno de los problemas ecológicos más graves a que se enfrenta la humanidad: el cambio climático.Se pueden montar protestas y organizar huelgas o boicots a favor de precios más baratos pero todo ello no evitará la imperiosa necesidad de aflojar la presión férrea del petróleo sobre nuestra economía. Incluso, un ligero abaratamiento de los precios de los carburantes sólo prolongaría la agonía y los problemas, empeorando las negativas consecuencias ambientales, sanitarias y sociales del uso masivo de los combustibles fósiles. Además, sería contraproducente. Porque una reducción del precio estimularía más la demanda del producto y acabaría empujando al alza aún más el precio del barril de petróleo.

Lo que piden las plataformas sociales contra la subida de los carburantes -con el sorprendente apoyo de sindicatos y partidos de izquierda- es una bajada indiscriminada de los impuestos indirectos que se pagan sobre los carburantes. Estas revindicaciones no plantean ninguna diferenciación social en sus objetivos e ignoran completamente las implicaciones de destrucción ecológica (en un país donde las emisiones de CO2 han aumentado un 29% en la última década, desoyendo los compromisos internacionales de reducción) cuando estudios macroeconómicos de instituciones mundiales constatan que por cada 10% de aumento de precio acaba reduciendo el consumo en un 2,5%. Bajar la presión fiscal sobre los carburantes es una propuesta socialmente regresiva y poco o nada solidaria en términos de desigualdades sociales porque trata a los grandes y los pequeños, los ricos y los más pobres, como iguales. Tampoco considera las implicaciones para el bienestar social colectivo de la gran pérdida de ingresos fiscales que pasarían del estado a manos particulares. Se mire por donde se mire es una propuesta social y ecológicamente insostenible.

En cambio, una respuesta verde y solidaria a la crisis de carburantes sería una transición más acelerada y socialmente más equitativa de la actual era del petróleo hacia una nueva y necesaria era más basada en las energías renovables y no contaminantes. Serían necesarias medidas específicas y progresivas para proteger a las personas y grupos con menos ingresos dentro de ciertos sectores como la agricultura tradicional, la pesca artesanal o el transporte colectivo privado. Habrían de hacerse propuestas financieras y fiscales para reorientar las políticas de transporte de mercancías y de viajeros con la finalidad de dar una clara preferencia hacia el ferrocarril y el transporte colectivo. Las actuales políticas agrarias basadas en la producción químico-intensiva son profundamente insostenibles y deberían dar paso a políticas ambiciosas a favor de las prácticas agrícolas menos dependientes de los derivados del petróleo. Finalmente y más importante, haría falta una apuesta política decidida -y no cosmética como en la actualidad- en todos los sectores económicos a favor de la eficiencia energética y la promoción de las fuentes renovables, desde el urbanismo pasando por la industria y llegando hasta el comercio y el turismo.

Hay muchas cosas que reprochar al gobierno en materia energética. Pero, desde luego, la peor de ellas no es que se resista a bajar los impuestos sobre los derivados del petróleo. Mucho más criticable es que haya potenciado hasta hoy el despilfarro de recursos escasos bajo la engañosa cantinela de que todo iba bien. Y, sobre todo, que no haya dicho la verdad a la gente y que todavía hoy se resista a decirla. La presente situación de crisis de los carburantes no podrá eludir costes severos. Sin embargo, una información correcta brindaría al menos una oportunidad para juntar nuestras preocupaciones sociales y ecológicas a favor de una sociedad más justa y un futuro más vivo.

David Hammerstein es portavoz de Els Verds y Ernest Garcia es profesor de Sociología de la Universidad de Valencia.