CiU y PP mantienen al ralentí el Parlament, que acumula retrasos de hasta ocho meses

A falta de un pacto entre Convergència i Unió (CiU) y el PP para formar mayoría parlamentaria, el Gobierno de Jordi Pujol sobrevive en la Cámara, donde está en minoría, mediante el sistema de evitar todas las votaciones que puede. Una de las formas de conseguirlo es, simplemente, ralentizar los trabajos parlamentarios. El primer pleno ordinario tras las vacaciones se celebrará el 25 de octubre. El último fue en junio. Ahora, la previsión de CiU y el PP, que en esto van de acuerdo, es convocar cuatro plenos ordinarios hasta fin de año. Los grupos de la oposición consideran que esto es "una auténtica vergüenza", en palabras de uno de los diputados más activos, Joan Ridao, de ERC.

Otro de los diputados muy activos, Joan Boada, portavoz de Iniciativa-Verds, explicó ayer que ha protestado en la junta de portavoces por la "escandalosa inactividad en que CiU y el PP mantienen a las comisiones del Parlament". Desde que terminaron las vacaciones de agosto, sólo se ha celebrado una sesión de trabajo en una de las comisiones parlamentarias.Boada explicó que muchas de las proposiciones que las comisiones del Parlament debatirán cuando reanuden sus trabajos fueron presentadas en marzo y abril. El retraso oscila, según sus cálculos, entre 5 y 8 meses. Supone, sobre todo, que el Gobierno consigue que los asuntos sensibles a la ciudadanía, las propuestas de la oposición en cuestiones sociales o capaces de provocar contradicciones incluso en el seno de CiU, se debatan cuando ya no están de actualidad.

Los ejemplos se multiplican. Todavía esperan turno para ser debatidas las proposiciones de ERC e Iniciativa-Verds contra el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebró el 27 de mayo. Con suerte, les tocaría en la próxima reunión de la correspondiente comisión parlamentaria, dentro de dos semanas. Otro ejemplo: hace un año, Boada pidió la comparecencia de la consejera de Enseñanza para que explicara el comienzo del curso escolar 1999-2000. Aquella petición no llegó siquiera a debatirse y ahora su promotor pretende que sirva para que comparezca para explicar las dificultades del curso 2000-2001.

El Gobierno y CiU tienen en este otoño una excusa para justificar el ritmo al ralentí en que mantienen la actividad parlamentaria. Y es que existe una norma no escrita, una tradición en las relaciones entre todos los partidos, consistente en que no se convoquen sesiones plenarias en el Parlament la semana en que alguno de los partidos celebra su congreso. El pasado fin de semana tuvo su congreso el PP y en los próximos meses de este año lo harán Convergència, IC-Verds y Unió Democràtica (UDC). Esto ha complicado el calendario.

Otro recurso que el Gobierno de Pujol utiliza para evitar las votaciones y los debates embarazosos es crear comisiones de estudio a las que remitir propuestas de la oposición a las que no desea oponerse frontalmente, aunque tampoco quiere apoyarlas. Eso fue lo que ocurrió en mayo, por ejemplo, con diversas propuestas de Socialistes-Ciutadans pel Canvi, de ERC y de IC-Verds, para mejorar algunos aspectos del autogobierno: la limitación de mandatos del presidente de la Generalitat, la elaboración de la ley electoral catalana, entre otros. Pues bien, dilación tras dilación, la subcomisión creada para estudiar estas propuestas no ha celebrado aún su sesión constitutiva.

Más largo es el plazo que llevan esperando sendas propuestas de ERC para debatir dos de sus asuntos favoritos: la unificación de las cuatro provincias catalanas en una sola y el inicio de la redacción de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña. "Las presentamos en diciembre de 1999 y todavía no se han debatido", dice Ridao.

Todo esto es un reflejo de lo que los socialistas califican como "parálisis" de un Gobierno que ya sólo piensa en la sucesión de Pujol.

Además de los plenos ordinarios, el Parlament celebrará los dedicados a los presupuestos de la Generalitat para 2001 y sobre la orientación política general. Son las dos ocasiones en que se verá si Pujol mantiene el acuerdo con el PP que le permite ir tirando, aunque sea al precio de la inactividad, o busca otra fórmula.

El presidente del Parlament, Joan Rigol, se esfuerza por mejorar las condiciones de trabajo de los diputados, y todos los grupos le reconocen algunos éxitos. Hay ya algunos despachos y los diputados disponen, en depósito, de un ordenador personal.