Partidos y sindicatos piden sanciones para los comercios que liberalicen sus horarios

En Andalucía hay una ley que establece que los comercios podrán abrir hasta 72 horas a la semana. Todo establecimiento que vulnere ese tope -aún amparándose en el decreto de liberalización de horarios aprobado por el Gobierno, que permite elevar la jornada laboral hasta 90 horas- debe ser castigado con las sanciones estipuladas en ese texto legal. Así lo entienden los sindicatos UGT, CC OO, USO, Fetico, y los partidos Andalucista, Socialista e Izquierda Unida.Estas formaciones expresaron su rechazo a la medida, anunciaron su apoyo a la huelga general del sector convocada para el 10 de octubre y exigieron a la Junta que en ejercicio de sus competencias en comercio interior "haga inviable" su aplicación. Sindicalistas y políticos consideran que el decreto invade las competencias de la administración andaluza y rompe el consenso social alcanzado en torno a la Ley de Comercio Interior de la comunidad, aprobada en 1996 por unanimidad. "El decreto da cobertura para el incumplimiento de la Ley", se quejó el andalucista Pedro Fernández, quien junto a representantes del resto de las formaciones políticas y sindicales se reunieron ayer para definir las movilizaciones que culminarán en la huelga general.

"Es un insulto a las compentencias. Un decreto no puede anular una ley autonómica y romper el consenso social alcanzado", añadió Gonzalo Fuentes, de CC OO. Al igual que la Consejería de Economía, las siete formaciones que participaron en el encuentro entienden que el decreto es inconstitucional por lo que respaldaron la intención de la Junta de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Pero que se haga cuanto antes", reclamó el representante de UGT, Antonio Sedano.

Las organizaciones echaron mano de la hemeroteca del Parlamento para dejar en evidencia la "contradicción" del PP. En una proposición no de ley presentada el 19 de enero de 1994, los populares instaban el Consejo de Gobierno para que "con máxima urgencia" limitara los horarios comerciales a un máximo de 72 horas semanales de atención al público. Entonces no existía aún la Ley de Comercio Interior.

"El decreto pone de manifiesto una actitud contradictoria y prepotente que usurpa competencias del Parlamento y del Gobierno andaluz", insistió Fuentes. El manifiesto firmado por los cuatro sindicatos que respaldan la huelga reprocha la "permeabilidad del ejecutivo a la presiones de los grupos de distribución comercial". Sus representantes recordaron que Málaga es la segunda ciudad de España con mayor densidad de grandes superficies.