Pactos de competencia

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) es, en teoría, la institución fundamental para garantizar la transparencia y competencia de los mercados españoles, algunos de los cuales, quizá los más importantes (telefonía, gas, electricidad, carburantes, suelo), están bajo sospecha. Si a este papel decisivo en cualquier economía abierta se le añade en nuestro caso la perentoria necesidad de corregir los desequilibrios inflacionistas, se entenderá mejor la importancia que tiene el relevo en la presidencia de este organismo, que va a producirse de forma inminente tras el mandato de su actual titular, Amadeo Petitbó. El Ejecutivo demostraría su destreza política y su disposición a tomarse en serio las políticas contra los restos de los monopolios y oligopolios si consensuara con la oposición el nombre del nuevo presidente.No sería la primera vez que el Gobierno del PP acuerda el nombramiento del máximo responsable de una institución económica con la oposición. Lo ha hecho en el caso del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y ha sido un acierto. Caruana se ha integrado rápidamente en el engranaje del banco, se han evitado fricciones entre los consejeros de la institución y se ha mantenido el clima de serenidad que resulta imprescindible para el funcionamiento eficaz de la máxima autoridad bancaria española. No hay razones, pues, para no seguir ese ejemplo. Es más, sería oportuno extenderlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo presidente debe ser renovado -por ratificación del actual o por nombramiento de otro- en octubre. Un pacto político sobre el candidato a presidir la CNMV contribuiría a poner orden en una institución excesivamente agitada por las luchas internas y algunas deslealtades que han minado su credibilidad y socavado su eficacia.

Un acuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre el nuevo presidente del TDC reforzaría su credibilidad y acrecentaría su independencia de gestión. Pero es evidente que el tribunal tiene problemas muy graves de independencia funcional que no se resolverán sólo con un presidente pactado. En su configuración actual, el TDC es un organismo débil, subordinado, dependiente de las decisiones administrativas del departamento de Economía e incapacitado siquiera para decidir qué expedientes de investigación deben abrirse. Necesita convertirse en una institución fuerte, con muchos más recursos económicos y facultado para actuar por decisión propia sobre las empresas o mercados que considere oportunos. Si el Gobierno no aborda este cambio con presteza, la credibilidad de su política de competencia -tan precaria por actuaciones arbitrarias- no remontará el vuelo.