La oposición ve inconstitucionales algunas de las medidas contra ETA que prepara Justicia

Los portavoces de los principales grupos de oposición y de las asociaciones de jueces y fiscales progresistas advirtieron ayer de que algunas de las reformas que prepara el Gobierno para luchar contra el entorno de ETA -especialmente la modificación de la Ley del Menor para excluir de la misma los delitos vinculados a la kale borroka- pueden ser inconstitucionales. El portavoz de justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, afirmó anoche, tras reunirse con el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, que su partido está dispuesto a "explorar" cualquier medida legal contra el terrorismo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, el presidente José María Aznar dijo que el Gobierno estaba estudiando si era posible mejorar los criterios de aplicación del delito de apología del terrorismo. "Quiero decir que es difícil", advirtió, "que es legalmente difícil porque existen áreas de reserva legalmente y constitucionalmente establecidas muy rígidas. Es difícil".Respecto a la violencia callejera, anunció que el Gobierno estaba analizando sólo "cuestiones de detalle". "Pero insisto", prosiguió, "son cuestiones complementarias de detalle que en este momento estamos estudiando. Nada más". El presidente agregó que "antes de tomar ninguna iniciativa al respecto, (...) lo hablaremos en este caso con el principal partido de la oposición".

El martes, un portavoz de Justicia dijo a este periódico que el ministerio estaba preparando "importantes reformas legislativas" pero no precisó cuáles. Ayer, la oposición se desayunó en el diario El Mundo con los proyectos que el Gobierno estudiará en el Consejo de Ministros del viernes, sin haber recibido ninguna información previa, según explicó Juan Fernando López Aguilar, portavoz de Justicia del PSOE. "No es serio enviar al Consejo de Ministros del viernes una reforma que se ha pensado el martes", añadió.

Entre 16 y 18 años

López Aguilar recordó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó en contra del propósito del Gobierno de excluir de la Ley del Menor los delitos de terrorismo cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años. En efecto, en aquel informe el CGPJ consideró oportuno recordar que la reformas legislativas "no deben estar condicionadas por consideraciones de oportunidad, particularmente en materia penal, aunque tengan su origen inmediato en preocupaciones legítimas de la sociedad o en episodios particularmente hirientes o llamativos". El Gobierno aceptó entonces esta propuesta y eliminó esa parte del proyecto.El portavoz socialista para asuntos de Justicia añadió ayer que esa pretensión era de "dudosa constitucionalidad" y recordó que la ley que el Gobierno quiere cambiar ahora se aprobó en la anterior legislatura, con los votos del PP, y ni siquiera ha entrado todavía en vigor. No obstante, tras reunirse anoche con el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, López Aguilar dijo que los socialistas están dispuestos a "colaborar constructivamente" y a "explorar" todas las posibilidades legales para combatir el terrorismo.

Tras recordar que las leyes que se quieren modificar tienen rango orgánico, advirtió de que su reforma no debe ser fruto de una iniciativa unilateral y exigió que, antes de llevar dichos proyectos a las Cortes, el Gobierno acuerde su contenido con el principal partido de la oposición.

El PSOE no descarta que sea necesario modificar el delito de apología del terrorismo, pero considera que su tipificación actual "tiene posibilidades que no se han explotado al máximo". Sobre la ampliación de competencias de la Audiencia Nacional, recordó que las opiniones de los juristas van en sentido contrario: restringir su ámbito de actuación. López Aguilar lamentó la "pura inoperancia de la Ertzaintza" y dijo que la mejor medida para combatir la violencia callejera es detener a los culpables.

Por su parte, Margarita Uria, diputada del PNV, dijo que el Gobierno "busca sólo un golpe de efecto propagandístico" y tildó de "inconstitucional la pretensión de aumentar las penas a los menores por actos de kale borroka o vinculados a ETA".

Francisco Frutos, de IU, advirtió al Gobierno de que no aceptará modificaciones legales "regresivas" del Código Penal.

Las asociaciones de jueces y fiscales dieron opiniones contrapuestas sobre las reformas que estudia el Gobierno. En este sentido, la portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, pidió una lucha "más eficiente contra el entorno de ETA" para acabar con la "sensación de impunidad" que existe en estos momentos. En su opinión, "lo más eficaz para combatir a los terroristas y a los que colaboran con ellos es capturarlos para poder condenarlos".

Respecto a la pretensión de que los menores vayan a la Audiencia Nacional, dijo que contraviene la Convención de los Derechos del Niño.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez-Vares, dijo que para los jueces todo lo que sea mejorar las armas del Estado de Derecho contra el terrorismo nos parecerá bien, siempre que se respete la Constitución".