Respuesta social

La llamada plataforma de consumidores, que agrupa a asociaciones de transportistas, agricultores, pescadores y consumidores, ha decidido enhebrar una serie de protestas públicas encaminadas a presionar al Gobierno para que intervenga y reduzca los precios de los carburantes, en especial del gasóleo, que está deteriorando las rentas de esos sectores y del conjunto de los ciudadanos. Las acciones decididas por la plataforma incluyen un boicoteo durante el mes de septiembre a las estaciones de servicio de Repsol, actuaciones locales a partir del día 15 y una movilización general en octubre si el Gobierno no accede a bajar los impuestos especiales para el consumo de carburantes en los sectores afectados. El Gobierno se enfrenta a una protesta social seria que exige una respuesta rápida y convincente para evitar que la situación se deteriore aún más.Las medidas de presión decididas por la plataforma merecen una consideración variada. La protesta puede estar justificada en la medida en que se trata de mercados en los cuales los agentes -agricultores y transportistas- tienen dificultades para trasladar a los precios finales el aumento del coste de los combustibles. Mucho más cuestionable resulta el boicoteo específico a una empresa distribuidora, contra la que no parece haber otro argumento que el hecho de que se trata de la compañía con una mayor cuota de mercado.

Ante el alza continua de los precios del petróleo, es el Gobierno el que tiene que dar una respuesta política a las exigencias de los sectores afectados. Está obligado a decidir si baja los impuestos para mitigar el impacto de esta escalada alcista en las rentas de estos sectores o, por el contrario, mantiene la carga tributaria actual. Lo que en ningún caso debe hacer es dar la callada por respuesta, que es la línea de conducta adoptada hasta ahora.

Las declaraciones del ministro de Agricultura sugiriendo que el Gobierno impulsará medidas compensatorias homologables en todos los países de la UE son insuficientes, por imprecisas e incompletas. El Gobierno está obligado a disponer de respuestas políticas y económicas serias para hacer frente a los peores escenarios posibles: por ejemplo, que el precio del crudo se estabilice por encima de los 30 dólares por barril -ayer bordeó los 34- y se aproxime a los 40. Desafortunamente, no parece asumir esta obligación.