Las autonomías que cedan agua recibirán cada año el 10% de lo que cueste trasvasarla

El Plan Hidrológico Nacional, cuya memoria y anteproyecto de ley serán desvelados hoy en Madrid ante el pleno del Consejo Nacional del Agua, prevé que un 10% de lo que cueste anualmente trasvasar el agua se devolverá como compensación a las comunidades autónomas de las cuencas cedentes. Esta compensación no es en principio finalista, por lo que las autonomías podrán destinarla a los fines que decidan. El coste de llevar cada metro cúbico de agua desde el Ebro hasta las comunidades mediterráneas se ha estimado en 50 pesetas, incluida la amortización de las obras durante 50 años y la energía.

Bombeos

A las once de la mañana el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, desvelará en el Palacio Municipal de Madrid, que ha diseñado Ricardo Bofill, uno de los secretos mejor guardados de los últimos cinco años: el Plan Hidrológico Nacional (PHN), un instrumento legal con el que se pretende repartir equitativamente por todo el territorio nacional el agua disponible. En unas regiones (cuencas del norte, Duero, Tajo y Ebro) sobra, y en otras (las comunidades mediterráneas y los archipiélagos) no hay suficiente. Con toda la documentación recopilada desde hace más de 15 años, el PHN ha estudiado las posibles alternativas que hay para disponer de más agua donde se asegura que hay déficit. La solución más fácil ha sido siempre reclamar trasferencias (trasvases) desde fuera.

Algunas de estas peticiones se han rechazado, según fuentes conocedoras del documento. El PHN ha buscado recursos dentro de la propia cuenca sin necesidad de recurrir a importar agua de otras cuencas. En los casos en que hay fundadas razones para justificar esos trasvases se han revisado todas las alternativas posibles y se ha analizado su viabilidad ambiental y económica.

Como avanzó este diario, de las nueve alternativas posibles para llevar agua hacia el litoral mediterráneo, la más viable es un trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos desde el bajo Ebro hasta Almería.

Según fuentes conocedoras del PHN, el trasvase tendría su toma de bombeo en una zona intermedia entre el embalse de Mequinenza (Zaragoza) y Tortosa (Tarragona), desde donde parte un trasvase anual de unos 46 hectómetros cúbicos para los abastecimientos y las industrias de Tarragona.

En los inicios de este trasvase no se descarta el aprovechamiento del canal de Xerta, una conducción inacabada de unos cuarenta kilómetros. Se puso en marcha en los años setenta como primer tramo de lo que sería un trasvase Ebro-Sagunto (Valencia) diseñado para llevar agua a esta población próxima a Valencia, donde se pensaba instalar un gran polígono industrial alrededor de los altos hornos.

La crisis de la siderurgia echó a una fosa la continuidad del trasvase y la conducción ya ejecutada. Aunque el paso del tiempo ha hecho mella en este trasvase non nato, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente consideran que podría aprovecharse el movimiento de tierras que se llevó a cabo.

Como en el resto de las alternativas contenidas en el PHN, el trasvase Ebro-Almería dispone de un estudio completo de las inversiones necesarias y el precio al que resultaría el agua trasvasada. El coste total es de 700.000 millones de pesetas, de los que 200.000 serían aportados por la Unión Europea, 200.000 procederían de privatizaciones y 300.000 de los usuarios.

El precio medio del metro cúbico del agua una vez trasvasada y puesta al comienzo de la red de cada zona es de 50 pesetas, de las que casi la mitad son gastos de amortización de las inversiones a un interés del 4% en 50 años. Algo menos de la mitad de este precio sería el coste energético de los distintos bombeos necesarios para impulsar el agua. Un 5% se destinaría a los gastos de administración y otro 10% (5 pesetas) se destinaría a compensar a las cuencas cedentes.

Esta reversión es una de las grandes novedades del PHN. Hasta ahora el único precedente que existe es el canon que los usuarios del acueducto Tajo-Segura (ATS) pagan en la tarifa del agua (entre 12 y 15 pesetas por metro cúbico) y que se revierte a Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, por donde discurre el río Tajo. No es un canon finalista: cada autonomía lo invierte donde le parece. De aprobarse la propuesta del PHN, todas las autonomías que tocan el río Ebro o sus afluentes recibirían como promedio esas 5 pesetas por cada metro cúbico de agua que salga del Ebro hacia el sur, lo que se llamará tasa compensatoria o tasa ambiental.

Llámese como se llame, responde a un nuevo concepto implantado entre los economistas, que denominan "valor de existencia" o coste de compensación por ceder el uso de un recurso que tiene un alto valor económico. Algo así como la compensación que reclamaba el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por los beneficios que obtienen las compañías eléctricas con la explotación de los recursos de la comunidad que gobierna.

Alguna de las comunidades autónomas más beligerantes contra este posible trasvase orienta su batalla en esa dirección. No le importaría ceder agua si a cambio se hacen inversiones en mejorar su red de carreteras y ferrocarriles. En las estimaciones sobre la repercusión de costes del agua trasvasada sobre los usuarios finales, el PHN no precisa cuánto pagarán los de Castellón y cuánto los de Almería. Naturalmente, afirman las fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, no pagarán todos lo mismo, porque es mucho más elevado el coste de bombear agua hasta el sur.Si el precio al por mayor es de 50 pesetas el metro cúbico, los usuarios del trasvase Ebro-Júcar- Segura deberán añadir esta cantidad a la tarifa habitual que pagan por el agua. Si la tarifa media nacional ronda las 72 pesetas el metro cúbico, saldrá a 122 pesetas, una cantidad sólo asumible por los usuarios domésticos. "Las tarifas para otros usos tendrán forzosamente que recibir subvenciones", afirman las mismas fuentes de Medio Ambiente.

El Consejo Nacional del Agua y los partidos políticos, a través de sus enmiendas en la tramitación parlamentaria, determinarán si estas propuestas salen adelante. El PHN es un documento abierto. Con la reforma de la Ley de Aguas que hizo el PP en la pasada legislatura se sacó toda la parte normativa referida al cobro de cánones y la cesión de derechos (compraventa) que contenía inicialmente.