Jospin supedita la autonomía de Córcega al fin de la violencia y a un referéndum

Córcega ha sido y es una bomba que, desde 1975, explota regularmente a los pies de los distintos Gobiernos. Lionel Jospin, primer ministro francés, intentó ayer desactivarla precisando el alcance de los acuerdos negociados entre su Gobierno y la Asamblea regional corsa. "A partir de la experiencia de la puesta en marcha de la ley y con una paz civil recuperada, no podrá plantearse [antes del año 2004] la revisión constitucional que permita crear una colectividad territorial única [hoy está dividida en dos departamentos]", declaró. El proceso, dijo, será gradual.

También será entonces, en el año 2004, cuando se podrá establecer "un poder de adaptación del legislativo local de acuerdo con las condiciones fijadas antes por el Parlamento nacional, que ejercería el control del proceso". Jospin añadió que, según él, todos esos cambios "deberán ser aprobados por el pueblo". "No sólo nunca se primará la violencia, sino que nuestra actuación misma se basa en la renuncia a la violencia. El proceso, para continuar, supone la condena de la violencia política, y, luego, su desaparición", dijo Jospin.Se trataba de responder a Jean-Pierre Chevènement, ministro del Interior, que dimitió la semana pasada por su rechazo al plan de autonomía para Córcega, y a la oposición de derechas, al republicano que se presenta como garantía de la unidad nacional y a los gaullistas que lanzan una campaña de recogida de firmas para mantener "Córcega dentro de la República".

Jospin aprovechó en La Rochelle la universidad de verano de su partido socialista para lanzar un discurso de política general y replicar a las voces críticas. A Chevènement le dijo que "la República no está en peligro" y que "siempre se le había antojado erróneo oponer República y democracia". En ese sentido, Jospin pidió que dejara de "confundirse unidad y uniformidad, de reivindicar la indivisibilidad de la República desde el olvido, el desprecio o la negación de la diversidad".

Una de las cuestiones que más polvareda han levantado (la enseñanza del corso en la escuela pública y en horarios lectivos a los alumnos de primaria y secundaria) fue objeto de lo que parece una pequeña rectificación jospiniana: "Se ofrecerá durante el horario escolar normal, pero sin obligación, de manera que los padres tengan libertad de elección". Hasta ayer se había hablado de que los progenitores que no quieran que sus hijos aprendan el corso podrán solicitar la dispensa de clase por escrito.

Jospin desempolvó algunos de los viejos lemas jacobinos al recordar: "No soy partidario de la Europa de las regiones, porque creo, siempre lo he creído, que Europa es una unión de naciones". Y en ese orden de cosas tampoco quiso "que se equipare la situación de Córcega con la de las demás regiones francesas. No hay que convertir Córcega en el laboratorio de la nueva descentralización de la República", advertencia destinada a quienes ahora le reclaman que haga extensivo el llamado proceso de Matignon al resto del territorio francés.

La derecha y el gaullismo merecieron menos atención. A Jospin le bastó con recordar el origen contemporáneo de la actual violencia corsa -"desde el drama de Aléria, en 1975, la violencia se ha instalado en Córcega"- para dar a entender que no está dispuesto a aceptar todo tipo de críticas. Aléria remite a una brutal intervención de las fuerzas de seguridad para poner fin a la ocupación de una granja. El primer ministro que ordenó entonces el ataque de los gendarmes se llamaba Jacques Chirac.

Jospin hizo también una rápida enumeración de "esas prácticas anteriores" consistentes en dar "instrucciones de indulgencia a la justicia" -Charles Pasqua ordenó en 1994 la liberación de nacionalistas capturados con las manos en la bomba-, en la "práctica de conciliábulos ocultos y de negociaciones secretas sólo con los nacionalistas" o de "la compra de treguas" -aquí es imposible no pensar en Alain Juppé, Jean-Louis Debré y en el propio Chirac-. "No voy a insistir. Todos nos acordamos de esos episodios deplorables", concluyó Jospin, al tiempo que decía "no haber oído ni leído, entre todas las críticas, ninguna propuesta que pueda estimarse como otra vía para resolver las graves dificultades de la isla". El primer ministro recordó el método para negociar con los diputados corsos ("transparencia, diálogo, trabajo", que desembocan en "un texto aprobado casi por unanimidad"), e insistió en que "el Estado no renuncia a ninguna de sus prerrogativas, sobre todo la de perseguir los actos criminales".