Los ancianos podrán pagar las residencias públicas con sus viviendas

No será más caro

Los ancianos dueños de una vivienda podrán pagar con ella su estancia en un geriátrico de la Comunidad de Madrid, tanto en los netamente públicos, donde el mayor aporta del 20% al 80% de su pensión, como en los cofinanciados, en los que el usuario paga el 60% de las casi 200.000 pesetas que cuesta la cama. Hasta ahora los usuarios de las residencias públicas sólo podían costear su plaza con la pensión o, en las cofinanciadas, con otros ingresos propios o familiares.Esta modificación, divulgada ayer por Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales, se recoge en el borrador de la Ley de Mejora de la Calidad en Residencias de Acción Social que la Comunidad espera llevar a la Asamblea para fin de año. El pago mediante la vivienda se realizará al fallecer el mayor. Cuando el piso se venda, la Comunidad, a través de un reconocimiento de deuda, recuperará el dinero que debía pagar el anciano.

Otro de los objetivos de la nueva ley es que todo anciano que solicite una cama en una residencia pública esté obligado a declarar sus bienes patrimoniales a través de documentos de Hacienda o del Registro de la Propiedad. Estos bienes se valorarán, junto con el importe de la pensión y otras circunstancias como el grado de incapacidad o la soledad, para decidir si el anciano, por sus escasos medios, debe recurrir a una plaza subvencionada en su totalidad o a otra cofinanciada.

Ahora, al formular una petición de plaza, hay que realizar una declaración de bienes, pero, según Panadero, "al no tratarse de un documento jurado, dependemos de la buena voluntad del mayor de contar o no la verdad". "Con la nueva ley tendremos un soporte legal para exigir declaraciones de bienes más documentadas y, en definitiva, más ajustadas a la realidad", añade.

"No es que un anciano con un piso vaya a pagar más en la residencia pública; simplemente, tendrá menos posibilidades de ingresar en ella que otro sin patrimonio", apostilla. "Nuestro objetivo es reservar las plazas totalmente públicas para los mayores de menos recursos. Con el pago a través de la vivienda queremos facilitar a los ancianos de capas medias el acceso a las plazas cofinanciadas, ya que superan el baremo para las públicas y carecen de medios suficientes para las privadas", concluye Panadero.Con la ley también se va a regular el pago de las residencias privadas a través de la vivienda, para evitar abusos. Otros objetivos son agilizar la clausura de los geriátricos privados con graves irregularidades, reducir el número de ancianos por cuidador y crear un carné de director que garantice la cualificación.

En el primer semestre de este año, la Comunidad ha efectuado 333 inspecciones de residencias y ha abierto 42 expedientes sancionadores, de los que seis conllevan el cese de la actividad. En 1999 se presentaron siete denuncias por estafa contra residencias privadas.