Las operadoras avisan al Gobierno de que no intente cambiar las licencias de móvil

Las tres compañías de móviles que operan en la actualidad en España, Telefónica Móviles, Airtel y Amena, lanzaron ayer un aviso al Gobierno: si modifica los criterios por los que otorgó en marzo las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS), las empresas se replantearán sus inversiones. Y es que tras estallar la polémica sobre lo recaudado en otros países, como Alemania (8,4 billones), el Ejecutivo busca ahora una fórmula con la que compensar los bajos ingresos del concurso español (86.000 millones), algo a lo que se niegan en redondo las compañías.

Retraso en el lanzamiento

La fuerte polémica suscitada en España tras conocerse el desenlace de la subasta en Alemania ha llevado al Ejecutivo a buscar algún tipo de solución para paliar el rifirrafe político que se avecina en septiembre. El equipo económico del Gobierno baraja aumentar el canon anual que pagan las operadoras por las licencias o incluso estudiar un sistema de precios máximos que garanticen que los usuarios españoles no acaben financiando las licencias alemanas. Todo ello ha desatado el malestar de las compañías, que hasta ahora habían permanecido en un discreto segundo plano, pero que ayer lanzaron un mensaje bien claro: "Esperamos que las decisiones tomadas sean mantenidas y que no se vean afectadas por irresponsables vueltas atrás; si así ocurriera, el comportamiento de los operadores se adaptaría de inmediato", dijo ayer en Santander la secretaria general de Telefónica Móviles, María Luisa Rodríguez.Directivos de tres de las cuatro empresas (Telefónica Móviles, Airtel y Amena) que se adjudicaron las licencias UMTS pidieron ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que no se creen "debates oportunistas" ni se arrojen sobre el sector "incertidumbres oportunistas". "Los cambios de criterio no son buenos. La impredecibilidad regulatoria no beneficia a los mercados. A los inversores les hace crear suspicacias y retirar el dinero de los mercados y a las empresas les hace adaptar sus planes de negocio a las nuevas realidades", advirtió Rodríguez. El cuarto ganador de una licencia de móvil UMTS, el consorcio Xfera, no estuvo ayer presente en Santander.

Estas declaraciones agravan todavía más la delicada posición del Gobierno, al que por una parte la oposición demanda que corrija el "error" que cometió con el concurso de marzo, mientras las compañías adjudicatarias se niegan a que se modifique éste de forma alguna.

El Gobierno eligió en marzo resolver por concurso, y no por subasta, el proceso de adjudicación de las licencias de telefonía móvil. El Estado ingresó por ello 86.000 millones de pesetas, frente a los 6,5 billones que poco después conseguiría el Reino Unido o los más de ocho que ingresó Alemania.

Inmediatamente, la oposición acusó al Gobierno de José María Aznar de haber efectuado "el mayor regalo de la historia económica de España".Tras estallar el escándalo, el Gobierno se aplica ahora en buscar fórmulas que compensen esos bajos ingresos.

La respuesta ha sido contundente. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Amena, Joaquín Mollinedo, precisó ayer que si las condiciones fijadas en aquel concurso variaran y los adjudicatarios de las licencias tuvieran que asumir gastos no previstos inicialmente para que el Estado aumente sus ingresos, las operadoras "variarían sus opciones de inversión".

Una clara amenaza de reducir el dinero que se comprometieron a invertir para lanzar el servicio de móvil multimedia en agosto de 2001. El secretario general de Airtel, Carlos López, aseguró explícitamente que compartía la opinión de sus dos competidores.Precisamente la fecha de lanzamiento del móvil multimedia, agosto de 2001, amenaza con desatar otra polémica. Las condiciones bajo las que se otorgaron las licencias especifican que el servicio comenzará el 1 de agosto de 2001. Pero ayer, las tres compañías dudaron de que esto vaya a ser así. Carlos López, de Airtel, dijo que esa fecha "es poco realista" y Rodríguez, de Telefónica, explicó que el cumplimiento, según el pliego de condiciones, está condicionado a que no surjan impedimentos técnicos. "Parece que los fabricantes están teniendo más dificultades de las previstas", dijo. Una de las críticas que en su día cosechó el concurso fue la premura con que se convocó, que hizo de España el primer gran país de Europa en introducir una tecnología que aún no estaba desarrollada.