La ley de Cajas puede y debe aplicarse

El acuerdo del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso únicamente los artículos de la ley andaluza de Cajas referidos a CajaSur supone un fracaso en la estrategia del PP de bloquear la aplicación de la misma. El argumento de la que la ley estaba recurrida, y por tanto no era de aplicación, se ha caído. También carece de fundamento la pretensión de que es necesario un reglamento para hacer los estatutos de las cajas. Cualquiera que haya leído la ley lo puede verificar. Es más, muchos de los que hoy exigen un reglamento criticaron la ley en su día por ser demasiado "reglamentista".Así las cosas no cabe otra salida que la de aprobar los estatutos cuanto antes. Y esto puede y debe hacerse desde la mayoría política y social que en su día aprobó la ley. Si el PP desiste de su estrategia de bloque, bienvenido sea. Pero si no lo hace, habrá que seguir adelante sin él, aunque sólo sea por higiene democrática.

Porque lo que nadie parece tener en cuenta, ni el PP ni los sectores rebeldes de las asambleas de las cajas, y, a tenor de sus declaraciones a Canal Sur Radio, ni siquiera el propio presidente del Parlamento de Andalucía, es que lo que se está bloqueando es la aplicación de la soberanía popular. La afirmación de que ésta es una de las normas más importantes de la autonomía andaluza, no es baladí. Se trata de ejercer la capacidad política democrática que Andalucía conquistó. Esto choca con los grandes poderes establecidos, como en su día ocurrió con la Ley de Reforma Agraria. No nos podemos permitir que se reproduzca el fiasco.

La aplicación efectiva de la ley es condición necesaria para contar con un sector financiero andaluz propio. Pero no suficiente. Hay que avanzar en la integración de las cajas. Para ello, habría que empezar a debatir un proceso viable de fusiones que aparcara de momento el caso de CajaSur. En un primer momento se podría llegar a dos o tres cajas laicas y a un mecanismo de coordinación, en la línea de la entidad financiera común que se planteó en su día. Lo primero está bastante claro y no es necesario explicitarlo más. Lo segundo, es igualmente importante y debería empezar a discutirse. La Federación Andaluza de Cajas puede ser el ámbito apropiado. Pero se trata de un proyecto político con hondas repercusiones. Debe diseñarse también con las fuerzas políticas y los agentes sociales.

Por último, es también necesario discutir y alcanzar acuerdos sobre los objetivos de este sector financiero andaluz propio que se quiere construir. No se trata de llegar a un megabanco porque ahora esté de moda. Se trata de contar con una herramienta financiera útil para el desarrollo económico y social andaluz, en unos momentos en que la globalización está creando un poder financiero autónomo comprometido únicamente con los beneficios a corzo plazo y desvinculado de la economía real. La aplicación de la ley debe ser el primer paso para introducir la democracia y los intereses generales en una parcela en la que hoy sólo manda el mercado, es decir, el interés privado de los poderosos.