Los jueces británicos ordenan proteger la vida privada de los asesinos del niño James Bulger

Los asesinos del pequeño James Bulger, Robert Thompson y Jon Venables, han logrado un respiro al acoso de los medios de comunicación. Sus abogados han obtenido un interdicto judicial provisional que blinda su vida privada y prohíbe publicar fotos actuales e informes sobre su evolución. La medida ha sido adoptada justo el mes en que ambos iban a quedar desprotegidos por alcanzar la mayoría de edad. A esta decisión, el Gobierno ha sumado el anuncio de que cuando acaben su rehabilitación les proporcionará identidades e historiales nuevos para evitar linchamientos.

Cadena perpetua

Robert Thompson y Jon Venables llevan un tercio de sus vidas en distintos centros de detención, vigilados por asistentes sociales y con un estricto y confidencial programa de rehabilitación. Ingresaron en las llamadas cárceles municipales de niños en noviembre de 1993, siete meses después de torturar y golpear hasta la muerte al pequeño James junto a las vías del tren, en un barrio de Liverpool. Tenían 10 años. Su víctima, 2.Poco se sabe de sus actuales condiciones de vida. La sentencia original del juez incluía la prohibición de publicar fotografías o informaciones sobre ambos durante el periodo de privación de libertad. El veto debía levantarse este mes. Venables cumplió 18 años el pasado 13 de agosto. Thompson alcanza la mayoría de edad mañana. Ambos, sin embargo, han logrado protegerse, al menos por unos meses, del inminente acoso de la prensa sensacionalista.

Dos tabloides, The Sun y News of the World, preparaban sendos reportajes sobre estos adultos, cuyo crimen despierta el lado más oscuro y sanguinario de la sociedad británica. Una muchedumbre de 500 personas intentó linchar a los entonces chavales cada jornada del juicio. Más de 300.000 firmaron una petición exigiendo condenas superiores al mínimo de ocho años en detención recomendado por el juez del caso. Ahora proliferan las protestas por el tratamiento especial que la justicia parece conceder a los odiados niños asesinos.

John Dickinson, letrado de Venables, confirmó ayer el éxito de su recurso judicial para mantener a distancia a fotógrafos y periodistas. El interdicto se solicitó el mes pasado, en anticipación a la mayoría de edad de su cliente y aprovechando su retención en una residencia especial para menores. La nueva licencia es temporal, a la espera de la celebración de la vista pertinente, prevista en el mes de noviembre.

Para entonces, Thompson y Venables sabrán probablemente el mínimo de tiempo que ambos deberán pasar en sus centros actuales o, quizá, en un penitenciario juvenil. La decisión recae en el presidente del Tribunal de Apelación, el juez lord Woolf, y su sentencia tendrá en cuenta las recomendaciones de las víctimas -los padres de James- y los informes del equipo de psicólogos, profesores y asistentes sociales que tratan a ambos jóvenes desde 1993. Su oficina espera tener la controvertida decisión a lo largo del mes de octubre.

Fue el ministro del Interior, Jack Straw, quien solicitó la intervención de lord Woolf a raíz de la apelación al Tribunal Europeo de Derecho Humanos que ganaron ambos criminales a finales de 1999. En la sentencia, los jueces de Estrasburgo censuraron la intromisión gubernamental en cuestiones legales, además de declarar que Thompson y Venables "no tuvieron un juicio justo".

Ambos fueron condenados en 1993 a cadena perpetua, con la recomendación inicial de no bajar de un mínimo de ocho años. Este mínimo se elevó en apelación a 10 años, hasta que el entonces ministro del Interior, Michael Howard, volvió a elevarlo hasta los quince años. Tras la recomendacción del Tribunal de Estrasburgo, Straw prometió reformar el proceso de enjuiciamiento de menores de edad y dejó la última decisión sobre el futuro de los dos chavales en manos del presidente de los jueces lores.El periodo que dicte el juez Woolf no garantiza el fin de la reclusión de Thompson y Venables. Su suerte, entonces, dependerá del servicio de prisiones y, en última instancia, del Ejecutivo británico. Antes de decretar su libertad bajo licencia -medida que se aplica a todos los convictos a cadena perpetua-, la división penitenciaria responsable de valorar cada caso individual de rehabilitación tendrá en consideración no sólo el peligro que ambos puedan suponer a la sociedad, sino también el riesgo a presuntos ataques de ciertos sectores de la comunidad.

Para evitar su linchamiento en el futuro, el Ministerio del Interior les procurará probablemente nuevas identidades, acompañadas de un historial limpio que las avale contra presuntas intromisiones. Es posible también que en el futuro Thompson y Venables residan fuera del Reino Unido, en prevención de posibles represalias de un sector de la comunidad, que no perdona su crimen.