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LA OFENSIVA DE ETA

El Gobierno está dispuesto a ir a los tribunales para impedir el homenaje al etarra Rementeria

El Gobierno está dispuesto a utilizar todos los recursos legales a su alcance para evitar que se celebre un homenaje al etarra Patxi Rementeria en el Ayuntamiento de Markina, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior. La Delegación del Gobierno en el País Vasco solicitó ayer el acuerdo municipal de cesión del salón de plenos para instalar la capilla ardiente del ex jefe del comando Vizcaya, lo que supone el primer paso para presentar un recurso ante los tribunales. El alcalde de Markina, Ángel Kareaga, del PNV, reconoció ayer que cedió a la demanda de Euskal Herritarrok (EH) por presiones y amenazas.

El Ministerio del Interior está estudiando las posibilidades que le ofrecen los artículos 65 y 67 de la Ley de Bases de Régimen Local para anular la decisión del consistorio vizcaíno. El segundo de ellos es el más contundente, ya que permite al delegado del Gobierno la anulación directa del acuerdo, pero su aplicación resulta muy problemática, pues se refiere a aquellos actos que "atenten gravemente el interés general de España".La vía del artículo 65, según las mismas fuentes, es la más apropiada, según las mismas fuentes, aunque resulta mucho más lenta y deja la eventual suspensión del acuerdo en manos de los tribunales, cuyo pronunciamiento podría llegar demasiado tarde. En todo caso, el Ministerio del Interior está dispuesto a explorar todas las posibilidades legales para evitar que se haga apología del terrorismo en la sede de una institución democrática.

Las mismas fuentes no ocultaron que lo mejor sería que el juez que investiga la muerte de los cuatro etarras el pasado día 7 en Bilbao al estallarles la bomba que transportaban el que impida el homenaje. Y mencionan algunos precedentes. El más reciente se produjo en 1995, cuando el juez Carlos Bueren ordenó el entierro inmediato de los cadáveres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, frustrando los actos previstos por HB. Aún no hay fecha para el entierro de Rementeria, ya que está pendiente la identificación definitiva de los restos por parte del Instituto Anatómico Forense.

Ejecutivo vasco

Fuentes de la Delegación del Gobierno recordaron ayer que el Ejecutivo vasco tiene capacidad para prohibir la concentración de simpatizantes frente al ayuntamiento si considera que pueden producirse disturbios.El lehendakari, Juan José Ibarretxe, se limitó ayer tarde a manifestar: "El Gobierno vasco tiene voluntad de cumplir la ley y de garantizar la libertad de los ciudadanos". Ibarretxe respaldó también la decisión de la dirección vizcaína de su partido de desmarcarse del acuerdo municipal y atribuirlo a las amenazas.

Un portavoz de la Consejería de Interior vasca subrayó, por su parte, que "no es una competencia policial" suspender la moción aprobada con los votos del PNV, Eusko Alkartasuna (EA) y EH.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y la dirección de EA se mostraron comprensivos con la actitud de sus concejales. En declaraciones a Radio Euskadi, Arzalluz dijo que Rementeria, acusado de al menos cuatro asesinatos, no tiene derecho al "honor de una capilla ardiente en el ayuntamiento", ya que no es miembro de la corporación municipal, pero justificó la cesión del alcalde por su deseo de "tener un mínimo de paz en Markina".

El propio alcalde confesó a la Cadena SER que había actuado movido por el miedo. "No somos unos héroes, por presiones que hemos tenido, amenazas en manifestaciones, insultos, etc... Vimos que si les dejábamos el salón, si hubiese algún jaleo el día del homenaje o como le quieran llamar, los responsables eran ellos... Si no les dejábamos, seguro que durante días habría follones... Y [de] cualquier cosa que pudiera ocurrir la culpa sería nuestra".

Kareaga ha revelado que ofreció a EH que la capilla se instalara en la sala de cultura, pero que la oferta fue rechazada por EH. "Comprendo que hay muchísima gente que está en bastante peor situación que yo, gente más amenazada, pero comprendan que la situación es dura", afirmó.

El presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Urkullu, reveló a Deia que los proetarras visitaron la casa del alcalde y el caserío de su esposa y que, el pasado viernes, los concejales "estuvieron medio secuestrados en el Ayuntamiento ante la presencia de un grupo de HB o de jóvenes afines instándoles a convocar el pleno".

Pese a que, según su versión, las amenazas y coacciones "siguen reproduciéndose", el PNV descarta forzar al alcalde a que convoque otro pleno para revocar la decisión del miércoles. Urkullu se mostró partidario de no adoptar ninguna medida después de que su formación se desmarcara de un acuerdo "muy supeditado a la coacción de HB".

Esta actitud no convenció, sin embargo, ni al PP ni al PSOE. El presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, aseguró que instalar en un ayuntamiento "la capilla ardiente de un asesino es una afrenta a los demócratas". El dirigente del PP exigió al Departamento vasco de Interior que "ponga todos los medios a su alcance para evitar la celebración de este acto, que va a ser un nuevo ejemplo de apología del terrorismo por parte de HB".

El portavoz socialista en el Parlamento vasco, Rodolfo Ares, dijo que los concejales del PNV y EA debían haber tomando ejemplo de los cargos públicos de otros partidos, que "siguen plantando cara a los asesinos y a quienes les apoyan a pesar de las presiones". Para Pablo Mosquera, de Unidad Alavesa, el acuerdo resulta "truculento y vergonzoso".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de agosto de 2000

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