La Junta exige al Gobierno que investigue el vertido de alquitrán

Reunión de afectados

Nueve días después de que las primeras bolas de alquitrán procedentes del vertido de residuos de un petrolero al mar Mediterráneo llegaran al litoral malagueño y gaditano, la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, no ha comenzado aún ninguna investigación para determinar qué buque fue el causante de la contaminación. El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, exigió ayer al Gobierno que identifique ese petrolero y lo sancione por delito ecológico. El hidrocarburo seguía ayer llegando en pequeñas cantidades a algunas playas ya limpias y a otras nuevas, como la de Nerja (Málaga).

Fuentes de la Comandancia de Marina de Málaga, dependiente de la Dirección General de Marina Mercante y que califican el vertido como "uno de los más importantes de los últimos años", informaron de que en estos momentos se está elaborando un informe preliminar a partir de los análisis químicos de las aguas contaminadas. Una vez que los responsables de Marina Mercante conozcan ese documento, decidirán si se prosigue la investigación en busca del buque contaminante.

Esta búsqueda, según la Comandancia de Marina malagueña, es complicada porque se necesita "la colaboración de administraciones extranjeras" y ya ha pasado algún tiempo desde el vertido. La ley establece en España sanciones de hasta 500 millones de pesetas por este tipo de delitos y la multa es incluso mayor en otros países.

En el Ayuntamiento de Manilva se reunieron ayer los alcaldes de las ciudades malagueñas de Estepona, Casares y Manilva y de la gaditana San Roque, y el concejal de playas de La Línea (Cádiz) -los cinco municipios más afectados por la contaminación de hidrocarburo- para adoptar medidas comunes. La primera decisión fue personarse en la denuncia que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha presentado en el Juzgado número 2 de Estepona por delito ecológico. Los alcaldes, que aún no han elaborado una evaluación definitiva de los gastos extraordinarios que les ha supuesto la contaminación y que han tenido que sufragar de sus presupuestos la limpieza de las playas, también han solicitado al Gobierno una compensación económica.