Un mayor esfuerzo

El último gran paso para controlar los precios lo dio el Gobierno a finales de junio pasado. El Consejo de Ministros aprobó entonces un amplio paquete liberalizador, muy ambicioso, pero de resultados todavía inciertos.Su objetivo: abrir los mercados del gas, la luz, la telefonía, las gasolinas, entre otros, a la competencia y, sobre el papel, frenar la escalada de precios. El freno a los antiguos monopolios en España se consideró un punto fundamental.

Para algunos analistas, las medidas llegan con un retraso que puede resultar fatal, porque España pierde competitividad a marchas aceleradas frente al resto de Europa, aunque la esté recuperando frente a otros países de la OCDE. Además, algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no entrarán en vigor hasta después del verano. Es el caso de la telefonía.

Incluso la Comisión de la Energía ha advertido de que algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno no surten el efecto perseguido por la falta de publicidad. Habrá que esperar, por tanto, a que las decisiones del Ejecutivo vayan calando entre los consumidores y las empresas a las que se dirigen.

Los observadores calculan que los posibles efectos de las medidas liberalizadoras no serán patentes hasta al menos dentro de un año. Aunque se puede viajar a Alemania, donde se llevaron a cabo medidas estructurales similares hace unos dos años, para ver qué pasó. En el caso de la telefonía local, por ejemplo, se consiguió que los precios en este sector se redujeran entre un 5% y un 10%, suficiente para dar un respiro a la inflación.