El funcionario implicado en la trama china recurre su cese

El empleado municipal detenido en Cádiz por su supuesta colaboración con una organización dedicada a falsificar documentación para ciudadanos chinos, José Antonio Gómez, impugnó ayer al instructor del expediente abierto por el Ayuntamiento, que ya lo ha suspendido cauterlamente de empleo y suelo. El abogado Martín José García, quien desde el miércoles se encarga de su defensa, explicó ayer que el instructor designado, el concejal de Servicios Sociales, Ignacio Romaní, "es parte interesada al pertenecer al equipo de gobierno y al estar afiliado al PP, por lo que es de presumir que seguirá directrices de su partido". No obstante, el letrado defendió "la honestidad" del concejal y abogó por que una terna de funcionarios de carrera, de los que se pueda elegir uno como instructor, conceda, "previa audiencia" a su defendido.

García sostiene que Gómez es "un chivo expiatorio del que se han aprovechado listillos o gente necesitada, una persona que se ha metido en algo por azar y por su predisposición a ayudar a los demás".

Mientras, el juez suplente del Juzgado de Instrucción número 5 de Cádiz decretó ayer el secreto de sumario del caso, un auto que recurrirá la defensa del empleado municipal.

El Sindicato de Trabajadores Públicos (STP) del Ayuntamiento de Cádiz, al que pertenece el trabajador implicado reclamó ayer que no se le expulse del Ayuntamiento y se respete la presunción de inocencia.