El montaje de la 'operación Villalonga'

En la noche del 5 de mayo pasado, Paul Smits, presidente ejecutivo de la telefónica holandesa KPN, de regreso a Rotterdam desde Madrid, explicó a la prensa las causas que a su juicio habían frustrado la malograda fusión con la Telefónica española. No es frecuente que altos ejecutivos llamen pan al pan y vino al vino, pero, según las fuentes consultadas, Smits se sintió tan manipulado en España que consideró necesario dejar constancia de que sabía lo que se tramaba."A pesar de su impresionante gestión al frente de la compañía, Villalonga empezó a entrar en conflicto con más gente, incluyendo a su ex amigo de colegio y aparentemente los bancos", narró el presidente de KPN. "Por razones externas", prosiguió, "se puso un palo en la rueda de la bicicleta a pesar de que muchos creían que este era un gran acuerdo".

Smits había observado la cara de los consejeros de Telefónica durante dos reuniones. "Quedamos en esa extraña situación de ser utilizados como chivos expiatorios. Sabíamos que el asunto de la participación del Gobierno holandés en KPN y la empresa fusionada no era el tema de fondo y que había algo más en juego. Se trataba de fusionar negocios y no emociones".

El pasado miércoles 25 de julio, el Financial Times, un periódico que suele renovar su simpatía por Aznar de manera frecuente, analizó los hechos en una de sus influyentes columnas. "La campaña para sacar a Juan Villalonga de Telefónica está desestabilizando a los inversores y puede afectar a la compañía", escribió.

El citado periódico sostenía que las investigaciones sobre unas opciones sobre acciones de Telefónica adquiridas por Villalonga en enero de 1998 debían ser investigadas. "Pero la percepción es que el Gobierno español está determinado a echar a Villalonga por razones políticas", añadía. Algunos ministros del Gobierno así lo han confirmado, en privado.

Villalonga adquirió el 2 de enero de 1998, a través de un contrato con Argentaria Bolsa, 264.224 opciones sobre acciones de Telefónica, a 4.620 pesetas cada una, con vencimiento en junio de 2000. Como en toda opción, pagó una prima, en este caso de 198 millones. Ese día, Villalonga y el secretario del consejo, José María Mas, llamaron, por iniciativa propia, al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Fernández-Armesto, para informarle de la operación. La ley, dijeron, obliga a informar la compra o traspaso de acciones. No de opciones.

Fernández-Armesto, que lleva adelante una larga batalla por la mayor transparencia posible en el mercado, reaccionó con disgusto. Consultó con sus servicios y llamó a Mas. La operación debía ser comunicada a través de un hecho relevante para difundir al mercado. Quienes han seguido los hechos sostienen que Fernández-Armesto, aun cuando no le asistía la ley, fue imperativo. Se basaba en un antecedente. Una operación similar realizada por Francisco González, presidente de Argentaria, realizada un año antes, en febrero de 1997, había sido comunicada.

Sin embargo, el presidente de Telefónica no estaba por la labor. En una carta, del 18 de enero de 1998, Villalonga daba cuenta en estilo arrogante de que no envió la comunicación sobre sus opciones porque ya hacía dos días, el 16 de enero de 1998, que había ordenado dejarlas sin efecto. Al hacerlo -esto no venía en la carta- obtuvo, durante los 14 días en que estuvo vigente el contrato, un beneficio de 21 millones.

Opciones en discordia

¿Muerto el perro se acabó la rabia? No fue ésta la idea de Fernández-Armesto. Preocupado por operaciones "novedosas" en Bolsa, como eran las opciones en discordia, el presidente envió al equipo de supervisión de la CNMV a la boca del lobo para estudiar la amplitud de las operaciones con derivados en Bolsa. El 30 de enero ya estaban los supervisores en Argentaria Bolsa. Durante cinco meses hicieron un exhaustivo trabajo de campo. Las operaciones realizadas por Argentaria Bolsa incluían la venta de opciones sobre títulos de Argentaria, Telefónica, Repsol y Fecsa, entre otras, y sus clientes eran particulares.Las opciones adquiridas por Villalonga y las suscritas por otro consejero de Telefónica, Alberto Cortina, formaban parte de 80 operaciones en un periodo de cuatro meses y medio, a partir del 1 de enero de 1998. La supervisión confirmó que, en efecto, Villalonga había deshecho sus opciones y que al hacerlo ganó 21 millones.

La supervisión terminó sus trabajos pero decidió curarse en salud y pidió que el servicio de inspección de la CNMV hiciera su propia investigación. El hecho de que Villalonga comprara opciones de su propia compañía -en el Reino Unido está prohibido por ley- planteaba el posible uso de información que él sólo podía obtener en razón de su cargo.

A partir de junio de 1998, los sabuesos de la CNMV, bajo la coordinación de su entonces jefe, Jesús Ybarra, quizá uno de los mayores expertos españoles en la materia, estudiaron las operaciones en Argentaria Bolsa.

En septiembre de 1998, un texto anónimo con membrete de Argentaria comenzaba a circular entre funcionarios de la CNMV y en otras institituciones como el Banco de España. Allí se exponían datos precisos, aunque en algunos casos inexactos, de las opciones de Villalonga y Cortina. La CNMV ya se lo sabía.

Tras casi seis meses de inspección, Ybarra propuso, en noviembre de 1998, no abrir un expediente sancionador por uso de información privilegiada: era imposible definir cuál era la información relevante que pudo haber motivado la compra de las opciones.

En el paréntesis que va de noviembre de 1998 a junio de este año, Villalonga, como constató Smits, se convirtió en un personaje molesto. Ya con ocasión del escándalo de las stock options (las opciones sobre acciones concedidas por la propia Telefónica a Villalonga y su grupo de ejecutivos), en la recta final de las elecciones del 12 de marzo pasado, Aznar le solicitó que renunciara. Villalonga se negó.

El 16 de junio pasado, El Mundo, uno de los periódicos que más habían apoyado a Villalonga en su gestión, y que al mismo tiempo formaba parte de un grupo de medios de comunicación participados por Telefónica, informó sobre las opciones adquiridas por el entonces presidente de Telefónica, acusándole, sin ambages de usar información privilegiada.

Según aseguraba, la clave que había llevado a Villalonga a adquirir las opciones en enero de 1998 era la gestación de un próximo acuerdo entre Telefónica y la norteamericana MCI Worldcom. Más tarde, subrayó que la llave maestra era otra: un acuerdo que Telefónica mantenía con British Telecom, pacto que en realidad ya llevaba suscrito casi diez meses cuando Villalonga adquirió, en enero de 1998, sus opciones.

El mismo 16, por prudencia, según fuentes conocedoras de la decisión, el presidente de la CNMV decidió abrir un expediente reservado de información sobre las operaciones de enero de 1998. Dicha apertura, resultado de una reunión entre Fernández -Armesto y la inspección de la CNMV, se hizo constar en un acta.

La política, en este punto, comenzaría a aflorar de manera manifiesta. El presidente del Gobierno, José María Aznar, tras la cumbre hispano-portuguesa de Feira (Portugal), el 20 de junio declaró ante preguntas de la prensa: "La CNMV tiene resortes, poderes e instrumentos suficientes para que si aprecia que pueden existir determinadas circunstancias se proceda a la investigación. Sólo le puedo decir que espero y deseo que la CNMV actúe en consecuencia".

Esa misma tarde del 20 de junio, las declaraciones del presidente del Gobierno causaron efecto. El vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, vió la señal para su entrada en el ruedo, habida cuenta de su enemistad manifiesta con Fernández-Armesto. Esa misma tarde del 20 de junio, Ramallo presentó un escrito dirigido al presidente de la CNMV en el que solicitaba la reunión de un consejo extraordinario. Los deseos de Aznar en Portugal fueron, a lo que se ve, ley para Ramallo. Una orden de carácter político.

Lo que ignoraba Ramallo esa tarde del 20 de junio era que Fernández-Armesto ya había abierto el expediente. Y no por órdenes de Aznar. Por simple prudencia, Fernández-Armesto, resolvió bucear una vez más en el tema de las opciones, mientras Ramallo, amparándose en Aznar, buscaba el ajuste de cuentas.

Aznar prosiguió con sus declaraciones. El 26 y el 30 de junio, durante una gira por Asia, llamó a la CNMV y al consejo de Telefónica a asumir sus responsabilidades. Y, al mismo ritmo, Ramallo embistió contra Fernández-Armesto por haber ocultado, presuntamente, la anterior inspección de Argentaria Bolsa, en 1998, al consejo.

El fin justificaba los medios. Para acometer aquella situación que Paul Smits había advertido a primeros de mayo existía una nueva excusa. Y la CNMV era el bulldozer.

Exigencia

La compra de las opciones debió ser, en efecto, comunicada al mercado, como exigió Fernández-Armesto a Villalonga, el 8 de enero de 1998, tras conocer de labios del propio Villalonga la operación. Pero, por las razones que sean -inmadurez, arrogancia, sentimiento de culpabilidad- Villalonga decidió deshacerlas antes que comunicarlas.La compra de esas opciones, aún cuando no constituyan un delito, era y es indefendible, por la misma razón que están prohibidas en otros países. Aquí no es delito, pero su comunicación -que ahora sí es obligada- era fundamental para disipar la sombra de la más mínima duda.

Pero para la destitución de Villalonga, las opciones eran una buena excusa. En mayo, el Gobierno usó la participación pública de KPN para vetar la creación de la cuarta empresa telefónica europea; en julio de 2000, "determinado a echar a Villalonga", como escribió el Financial Times, el Gobierno utilizó la "campaña" de las opciones.

La nueva investigación de la Comisión de Valores, concluida ayer, no podía llegar a ningún puerto distinto. Pero no por falta de ganas ni por no enmendarse la plana a sí misma. Simplemente, por falta de materia. Si la hubiese habido, la propia Securities and Exchange Comission (SEC) norteamericana, habida cuenta de que Telefónica cotiza en el mercado de Nueva York, hubiera adoptado medidas. Pero esto, ¿ahora a quién le importa?