Los trabajadores de Riera y de Fotofilm no consiguen que se juzguen sus despidos
Cincuenta trabajadores de Cinematiraje Riera y de Fotofilm comparecieron ayer por cuarta vez ante el Juzgado de lo Social número 14 de Barcelona para celebrar juicio por despido improcedente. La vista no pudo celebrarse porque las dos empresas, envueltas en situaciones de insolvencia, lo demoran. Se trata de los dos laboratorios decanos de la posproducción cinematográfica que mantienen buenas relaciones con el Gobierno catalán a través de sus contratos con la CCRTV. Una dotación de Mossos d'Esquadra vigiló ayer la sala.
La Magistratura de Trabajo estaba ayer medio vacía. En la octava planta, arremolinados, 50 trabajadores de Riera y de Fotofilm trataban de defender sus derechos, con los Mossos d'Esquadra escondidos en los rellanos de la escalera. En un banco, el gerente, Juan José Pérez Villar, afirmaba que se ha hecho todo lo posible por salvar las empresas, importantes proveedoras de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV).El juicio, que debía analizar la demanda por despidos improcedentes, no pudo celebrarse, por cuarta vez. Pero las técnicas dilatorias -como que un abogado alegue lumbalgia- volvieron a funcionar, según señalaron los trabajadores.
Los 50 ex empleados no perciben sus salarios desde febrero y han visto como las dos firmas han presentado expedientes de suspensión de pagos. El de Cinematiraje Riera, con activos de 934 millones de pesetas y deudas de 450, fue aceptado en el Juzgado de Instrucción número 58 de Barcelona. La suspensión de Fotofilm fue rechazada en los juzgados porque la empresa presentó una declaración de quiebra en 1995 y el juez consideró que no podía aceptar la suspensión de pagos sin que se acreditara la "rehabilitación de la quebrada", que había declarado 849 millones de deudas.
Para los trabajadores fue duro aceptar primero su traslado de Riera, creada en 1932, a Fotofilm y luego le cortasen el agua a esta última el pasado abril. Aquello fue la señal de que estaban sentenciados.
Un inspector del Ministerio de Trabajo recomendó denegar el expediente de regulación de empleo. Según su informe, Riera y Fotofil pertenecen a un grupo de empresas más amplio en el que también figuran Animática, Filmtel, DVD y 705, que actuaban bajo el principio de unidad de empresa.
El grupo Filmtel, que preside Julio Fernández, mantiene que sólo es pequeño accionista de las dos firmas insolventes y se apoya en una sentencia del Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona, que así lo establece. Sin embargo, hasta las facturas de Riera y Fotofilm evidencian que forman parte del mismo grupo que Filmtel. El inspector recoge los planteamientos de los trabajadores según los cuales Cinematiraje Riera y Fotofilm han sido vaciadas en beneficio de las otras empresas del supuesto grupo, receptor de múltiples ayudas de la Generalitat.
A pesar del informe desfavorable, el 8 de junio el Departamento de Trabajo de la Generalitat autorizó la rescisión de los contratos a los trabajadores, algo muy inusual, según los trabajadores que investigan la resolución.
El pasado 29 de junio los propietarios de la sede social de Cinematiraje Riera (calle de los Vergós) firmaron una opción de compra a favor de Inmobiliaria Convenio por 530 millones y el 15 de julio Fotofilm vendió sus instalaciones de la Travessera de Dalt a la inmobiliaria Amrey (participada por Agrupación Mutua) por 725 millones, comprometiéndose a cederlas en septiembre.
Los trabajadores denuncian que "ha comenzado el buitreo" sobre el fondo de películas depositado en Riera y Fotofilm.
