Más de 500 entidades piden otra política inmigratoria al Gobierno

Más de 500 colectivos e instituciones han cuestionado la actual política inmigratoria del Gobierno central y el cierre de fronteras, acordado por los países comunitarios en el Tratado de Schengen, al considerarla "inútil" y "origen del fenómeno de los sin papeles". Las 514 entidades que han firmado el Manifiesto de las dos orillas, una iniciativa conjunta de la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos y Pro Derechos Humanos de Andalucía, reclaman al Gobierno marroquí políticas "favorables al pueblo" y un giro en la actual línea del Ejecutivo respecto a la inmigración para favorecer la integración social.

Permisividad oficial

La mayoría de los colectivos e instituciones que se han sumado al Manifiesto de las dos orillas procede de Andalucía, a excepción de 75 recogidas en otras comunidades autónomas. Cádiz ha sido la provincia andaluza que ha respaldado de forma más rotunda la iniciativa de las asociaciones de Derechos Humanos que trabajan a ambos lados del Estrecho. De las 439 adhesiones provenientes de Andalucía, 216 corresponden a entidades e instituciones de la provincia gaditana, donde la vertiente más dramática de la inmigración clandestina se vive más cerca por los naufragios de pateras. Por el contrario, las provincias andaluzas con más asentamientos permanentes de inmigrantes -Almería y Huelva- sobresalen por su escaso apoyo a la iniciativa. Sólo cuatro colectivos, de ellos ninguna institución pública, en cada una de las dos provincias han firmado el manifiesto. El documento, sin embargo, ha recibido el respaldo de 11 ayuntamientos andaluces, la mayoría de ellos de la provincia de Cádiz (Algeciras, Puerto Real, Tarifa y Trebujena), además de los de Baza y Cenes de la Vega (Granada), Ardales y Montejaque (Málaga), Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y Linares y Huelma (Jaén).

El medio millar de colectivos han criticado con dureza la actual política de la Administración española "en todos sus niveles" en materia de inmigración al considerar que carece de políticas de integración y actúa con "permisividad en la superexplotación de los inmigrantes". En el manifiesto recuerdan los incidentes ocurridos en febrero en El Ejido (Almería), de los que responsabilizan en "buena medida" a las autoridades europeas, españolas y andaluzas.Además de calificar de "inútil" la decisión comunitaria de cerrar las fronteras para frenar el éxodo migratorio, el manifiesto censura "la dejación en la defensa" de los inmigrantes del Gobierno marroquí, al que exigen medidas "favorables al pueblo" y un reparto igualitario de sus recursos. Al Ejecutivo español y a la Administración andaluza le piden, igualmente, que apliquen medidas para fomentar la convivencia y la integración social de los inmigrantes.

La elaboración de este documento ha sido una de las primeras iniciativas conjuntas realizadas por la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos y Pro Derechos Humanos de Andalucía, que tendrán su continuidad en otras actividades como el Encuentro de las Dos Orillas, que se celebrará en Sevilla en marzo de 2001.

Por otra parte, el delegado episcopal de migraciones del Obispado de Cádiz y Ceuta, Gabriel Delgado, acusó ayer al Gobierno central de "haber intoxicado" a la sociedad durante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con un mensaje "ambiguo y contradictorio" al alertar sobre la permanente avalancha de inmigrantes en pateras, informa Fernando Pérez Monguió.

El portavoz eclesiástico considera que la cifra de 5.000 indocumentados que han sido detenidos en las costas españolas en lo que va de año resulta "ridícula" respecto a la población española y a los cálculos que diferentes entidades han efectuado sobre el número de inmigrantes que España demandará en el futuro inmediato para cubrir su mercado laboral.

"No se puede decir que eso es avalancha, cuando estamos ante un número que se pierde en el conjunto de la población y que es insignificante ante los inmigrantes que necesitamos para mano de obra", dijo. Delgado lamentó que el Gobierno "se preocupe más por una nueva ley que por un plan que canalice dignamente el proceso de entrada de los inmigrantes en el país".