Un informe de la Universidad de Alicante dice que el desarrollo del Medpark se ajusta a la ley

La tramitación por parte de la Universidad de Alicante del plan especial para desarrollar el Parque Científico del Mediterráneo (Medpark) es "adecuada a derecho", según un informe jurídico de parte encargado por el equipo de gobierno de la institución docente tras conocer sendas resoluciones del Consell que invalidan las actuaciones realizadas hasta el momento por estimarlas "nulas de origen". El Consejo Social de la Universidad acordó ayer solicitar una reunión urgente con el Consell y con el Ayuntamiento de Alicante para "clarificar competencias" en la tramitación.

Aunque de momento la Universidad no va a recurrir las resoluciones del Consell que echan por tierra las actuaciones que inició en 1997 para desarrollar el Medpark, la dirección de la institución académica difundió ayer un informe jurídico, con profusión de jurisprudencia, en el que rebate técnicamente los "deslabazados" argumentos empleados por la Administración para anular el plan especial. El informe concluye que "sólo la ausencia de contemplación pausada y dimensionada del plan, y los objetivos que con el mismo pretende conseguir la Universidad" pueden justificar los argumentos de las consejerías de Educación y Urbanismo para invalidar las actuaciones.El informe considera que la Administración se equivoca de raíz cuando argumenta que el campus carece de competencias para tramitar el plan especial. La Universidad de Alicante, dice el estudio, tiene la consideración como Administración Pública y, por tanto, está legitimada para la promoción del instrumento urbanístico -el plan especial del Medpark- que expuso al público.

Sobre la falta de suficiente concertación administrativa, la Universidad alega que desde noviembre de 1999 ha realizado diversas gestiones con las administraciones y entidades con el fin de consensuar las líneas maestras del proyecto, y recuerda que es en última instancia la Consejería de Urbanismo la que tiene facultad de agotar la concertación en el momento de la aprobación definitiva del proyecto.

En cuanto a la consideración del espacio donde se ha proyectado el parque como suelo dotacional público, el informe señala que la Administración parte de un error de concepto, ya que ésta arguye que el ámbito universitario va a ser objeto de parcelación y venta de empresas e industrias, generando con ello rentas urbanísticas. No se trata, explica el informe, de que empresas determinadas vayan a montar sus instaciones en el campus. Se trata de que sus laboratorios de I+D gocen de instalaciones privilegiadas para desarrollar su trabajo y se nutran de las sinergias propias del campus. Pero "potenciar esta realidad y dotarla de más dimensión requiere de espacio". Y no lo hay. "Lograrlo y ordenarlo es el objetivo del plan", remacha el informe.

El pleno del Consejo Social de la Universidad, reunido ayer para analizar y evaluar las resoluciones del Consell contra el plan de expansión del campus, acordó, de forma unánime, solicitar una reunión urgente a las consejerías de Educación y de Urbanismo y al Ayuntamiento de Alicante para "clarificar competencias" en la tramitación del plan especial, "en aras a la culminación del proyecto".

Tras el pleno, el rector Andrés Pedreño y el presidente del Consejo Social, Ricardo Ferré, se limitaron a difundir una nota de cinco líneas -en la que se solicita la citada reunión-, para resumir lo acontecido en la sesión, que se prolongó durante casi cinco horas.

El representante de UGT en el Consejo, Javier Cabo, pidió una salida "política" al conflicto sin apartarse de las cuestiones legales. Según Cabo, la falta de voluntad política para desarrollar el Medpark es palpable. "Terra Mítica se construyó en tiempo récord sobre suelo quemado por un incendio. Ahí, sí hubo voluntad", dijo.

El conflicto entre la Universidad y la Administración por el Medpark surgió tras una resolución dictada el 26 de abril por la Dirección General de Urbanismo en la que advirtió a la Universidad de la falta de competencia formal para impulsar de oficio la exposición al público y la aprobación provisional del proyecto. Según Urbanismo, tal competencia es atribuible a la Consejería de Educación. La Universidad remitió a Educación una copia del expediente del plan especial y le pidió que se definiera tanto en la posible competencia de la Universidad como en el proyecto en sí. La respuesta fue la anulación del plan especial.