El Gobierno pretende reforzar por decreto el control de RTVE por Presidencia

El Gobierno ha elaborado dos borradores de decreto-ley de "reordenación del sector público empresarial" con el teórico propósito de mejorar la gestión del ente público Radiotelevisión Española (RTVE), que acumula una deuda de más de 700.000 millones de pesetas. Las líneas comunes de ambos borradores son la adscripción del control de la gestión financiera de RNE y TVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente de Hacienda- y la "dependencia funcional" del Ministerio de Presidencia que dirige el vicepresidente primero, Mariano Rajoy.

Dictamen crítico

Este último punto supone, en opinión de los expertos consultados, un salto cualitativo de mucha trascendencia, ya que podría llegar a cuestionar la neutralidad de RTVE y genera la impresión de una atracción del organismo hacia el área gubernamental. Hasta ahora, el ente público sólo tiene una "adscripción administrativa" al Ministerio de Presidencia. Por otra parte, la adscripción de RTVE a la SEPI plantea importantes problemas legales, según expertos jurídicos y fuentes de la Administración.Los planes del Gobierno para RTVE pueden provocar, a la vista de las dudas que plantean los reales decretos-ley remitidos por el vicepresidente Mariano Rajoy al Consejo de Estado, una intensa discusión política. En este contexto, la mayor parte de las fuentes consultadas aseguran que lo más conveniente, desde el punto de vista jurídico, sería eliminar el concepto "adscripción" del plan para integrar a RTVE en la SEPI y otorgar a ésta únicamente el control económico del Ente Público. Abogan, asimismo, por que el plan del Gobierno se tramite como ley en el Parlamento y no por la vía urgente del decreto.

Los planes del Gobierno para integrar RTVE en la SEPI fueron adelantados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado día 25 de julio. "El Gobierno está haciendo un estudio de viabilidad para el Ente Público", señaló entonces Montoro, y añadió que es lógico que RTVE pase a un ministerio [el de Hacienda, a través de la SEPI] en el que "reside la capacidad de gestión de las empresas públicas".

Esos borradores de decreto-ley han pasado por el Consejo de Estado. Aunque su dictamen no es vinculante -es un órgano consultivo-, las fuentes de la Administración consultadas aseguran que su opinión, crítica con algunos extremos de los borradores del Ejecutivo, podría obligar a introducir reformas en las propuestas que se barajan para mejorar la situación de RTVE.Con este fin, el Ejecutivo ha elaborado dos borradores. El primero no modifica, al menos de forma explícita, el Estatuto de RTVE, recogido en la Ley 4/1980 de 10 de enero; mantiene incólumes las funciones del director general de RTVE; alude a la "dependencia funcional" del Ente del Ministerio de Presidencia y atribuye a la SEPI unas funciones genéricas sobre el "control de la gestión empresarial" y la "obtención de mayor rentabilidad" en RTVE.

El segundo mantiene las líneas básicas del primero, pero introduce diferencias de calado. Así, modifica el artículo 11 del Estatuto de RTVE, relativo a las funciones del director general, y otorga amplios poderes a la SEPI en RTVE (elaborar el plan anual de trabajo y la memoria económica anual), hasta el punto de establecer que "deberá autorizar los contratos de más de 500 millones de pesetas y los pagos o gastos de más de 300 millones".

Ambos borradores plantean importantes problemas jurídicos. El básico es el mecanismo elegido, el decreto-ley. Según los expertos jurídicos consultados, la adscripción de RTVE a la SEPI debería producirse mediante una norma con rango de ley. Y ello porque la vía del decreto, reservada para asuntos de "urgente y extraordinaria necesidad", no se justifica en este caso, ya que la necesidad de mejorar las cuentas de RTVE no es algo sobrevenido ni imprevisto. Y porque los decretos modifican leyes. No se trata sólo del Estatuto de RTVE, sino de la misma esencia de la SEPI, cuya dependencia de Hacienda y sus funciones están recogidas en la Ley 5/1996 de 10 de enero.

De llevarse a cabo el plan del Gobierno, las funciones y el objeto de la SEPI se verían notablemente ampliados. Y ello es así porque la sociedad estatal, concebida como entidad pública empresarial, tiene como objeto legal la tenencia de acciones de determinadas sociedades. El problema reside en que RTVE no es una sociedad (no tiene acciones) y la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) prohíbe expresamente que entidades públicas empresariales -la SEPI lo es- dirijan un ente público. El Gobierno, en opinión de los expertos consultados, ni siquiera podría acogerse a la excepción contemplada en la LOFAGE (artículo 43.3) que establece: "Excepcionalmente podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma naturaleza". Y no podría hacerlo porque SEPI y RTVE no tienen la misma naturaleza, ya que el Ente Público no es una entidad pública empresarial.

A la vista de los borradores de decreto elaborados, aún surgen más dudas. Por ejemplo, si afectan -como sostienen algunos especialistas- a materias que no pueden ser reguladas por decreto-ley como son los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos, que están contenidos en el Título II de la Constitución y que engloban al carácter de neutralidad y pluralismo que debe mantener RTVE.

Una deuda de 700.000 millones

El ente público Radiotelevisión Española (RTVE) acumula unas deudas de más de 700.000 millones de pesetas. Ése es precisamente el argumento utilizado por el Gobierno para recurrir al real decreto-ley. En los textos afirma que esa vía se justifica en la "urgente y extraordinaria" necesidad de clarificar y mejorar las cuentas de RTVE.

Ese compromiso ha sido reiterado desde el inicio de la legislatura, junto a la elaboración de un plan financiero para el Ente Público que no contempla la privatización.

El Ejecutivo considera también que la urgencia -por la que se recurre al real decreto-ley- viene impuesta por los compromisos asumidos con la Unión Europea y por la necesidad de mejorar las cuentas de RTVE como elemento fundamental para eliminar el déficit público en 2001.

Los textos de reforma serán analizados en el próximo Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones de verano.