El gobernador que limpió Intxaurrondo

Juan María Jáuregui fue un ferviente defensor del diálogo con los nacionalistas que colaboró en la limpieza de las luchas contra ETA

Su paso por el gobierno civil de Guipúzcoa obligó a Juan María Jauregui, en 1996, a poner kilómetros de distancia de su país. Le convirtió en un exiliado más del incontable número de señalados por la permanente sombra negra de ETA. Él, que llegó a conocer a la banda terrorista con la precisión de un experto que les ha perseguido, lo comprendió inicialmente, pero el paso del tiempo le hizo, sin duda, perder perspectiva sobre la magnitud de su riesgo y volvió a implicarse con la pasión que le caracterizaba en la política de su país, cuya actualidad seguía con precisión, a través de internet y de los incontables amigos que le mantenían al día de la situación política. Su resistencia a sentirse exiliado y el hecho de que su mujer, Maixabel Lasa, funcionaria del Gobierno Vasco, viviera en Guipúzcoa, le produjo la suficiente confianza para regresar con frecuencia, aunque siempre por sorpresa, a su pueblo, Legorreta, una localidad de 1.400 habitantes en la que había comprado el caserío donde nació, junto a la plaza del ayuntamiento, y que había restaurado con mimo para habitar en ella. Pero seguía estando en el punto de mira de ETA y en el ojo de tanto colaborador legal de los pistoleros que, a la luz de los hechos, le tenían controlado en sus movimientos.

Juan María Jauregui era, además, de un militante de su país del que se resistía a huir, -en octubre regresaba de Chile a Madrid en el nuevo destino de su empresa- un ferviente defensor del diálogo con los nacionalistas en la línea que defiende, hoy día, la magistrada Margarita Robles, de la que fue estrecho colaborador mientras fue viceministra de Interior en el equipo de Juan Alberto Belloch. Robles no pudo encontrar mejor cómplice para su doble tarea de luchar contra los terroristas y limpiar de corrupción y malas artes las fuerzas antiterroristas que a este discreto militante socialista procedente de las filas del PCE, con pedigrí antifranquista, y euskaldún nacido en un pequeño pueblo de la comarca del Goierri, en la guipúzcoa profunda. Todos los ingredientes, sumados a su carácter audaz y valiente además de campechano y cordial, le convirtieron en un elemento singular y desconcertante dentro de una administración como la del Estado en la que tuvo que utilizar todas las artes imaginables para conseguir dar confianza a las fuerzas de seguridad del estado, con las que trabajó codo con codo, a la vez que investigaba y trataba de esclarecer los todavía entonces presuntos crímenes de los que era sospechoso su máximo responsable, el general Rodríguez Galindo. De estas vicisitudes dió probada cuenta en el juicio sobre el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala que terminó en el encarcelamiento del general.

Pero Juan Mari Jaúregui estaba bien entrenado con una vida repleta de actividad política desde que se inició en la clandestinidad, a finales de los sesenta, en que incluso estuvo cerca de la incipiente ETA desde su militancia en el PCE. Años después, no le dejaba de parecer irónico y hasta chusco el que el destino le hubiera llevado al puesto de jefe provincial de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de las cárceles que él también padeció durante dos años cuando estudiaba sociología en Deusto. De hecho, cuando visitó la cárcel de Basauri oficialmente como gobernador civil, le preguntó al director de la prisión si seguía teniendo "al hijo de puta de Pascualillo en la biblioteca". Y le contó que durante su estancia en la cárcel, en 1972, el bibliotecario para entonces jubilado, se negó a prestar un libro a su compañero de prisión, Nicolás Redondo, aduciendo que no tenía estudios.

Su carácter extrovertido y valiente le llevó a protagonizar muchas iniciativas efectistas pero con calado político que le distinguieron de todos sus predecesores, con los que mantuvo largas distancias debido al carácter rupturista que imprimió a su cargo. Su primer discurso como gobernador dirigido a la Guardia Civil de Inchaurrondo estuvo precedido de un largo preámbulo en euskera con el que quiso simbolizar su respeto al bilingüismo vigente. En esta línea fue un "rompedor", tanto de los modos como del fondo del comportamiento en el cargo. Al descolgar el teléfono, el gobernador respondía "Bai, esan?" (¿Sí, dígame?). Su actitud firme en la investigación de los GAL, que relató en su testimonio durante juicio contra el coronel Rodriguez Galindo, también le mantuvo distante de ciertos sectores de su partido, el PSE-EE, que le reprocharon haber contribuido a la pérdida del poder.

Pero su principal militancia se había desarrollado en el PCE de Euskadi en el que militó hasta la escisión carrillista. En 1991 fue elegido concejal de Tolosa y un año después nombrado adjunto al secretario de organización donde permaneció hasta su nombramiento como gobernador, en 1994. Aceptó el cargo que no quisieron previamente otros compañeros suyos del partido.

Ni Juan Alberto Belloch ni Margarita Robles le conocían personalmente cuando le nombraron. Pero terminó siendo un fiel amigo e inseparable colaborador de la hoy magistrada. Con ella compartía la pasión por la política vasca y el diagnóstico sobre la conveniencia del diálogo como única solución del problema vasco. De hecho, los dos lo habían practicado. Mientras estuvieron en Interior, Robles cultivó y auspició la vía dialogada a través de Pérez Esquivel, el premio Nóbel de la Paz argentino que ETA eligió como intermediario. Pero la cerró definitivamente el nuevo ministro, Jaime Mayor Oreja.

Su defensa del diálogo no estuvo reñida con un discurso de firmeza ante ETA y los radicales y la practicó de tal modo que se convirtió en un objetivo permanente de la banda, como ahora lo ha demostrado su asesinato. Cuando llevaba un año en el cargo, Jauregui hizo un llamamiento a los guipuzcoanos para que no se dejaran chantajear ni atemorizar por los violentos que habían arreciado su campaña de kale borroka en varios pueblos y en San Sebastián. "Quieren crear un estado de temor que les devuelva a una posición de control social", dijo entonces Jaúregui. También denunció a los dirigentes radicales que usan a los jóvenes como reventadores por estar "destruyendoa una parte de la juventud de este país".

Mientras fue gobernador, seguía frecuentando Legorreta, su pueblo, y manteniendo muchas de las costumbres que había cultivado en su vida, como la cuadrilla y los amigos en Legorreta y Tolosa. Muchos de estos movimientos fueron vigilados en su día por Valentín Lasarte, el miembro del comando Donosti que vigiló también a Gregorio Ordoñez y asesinó a Enrique Mújica Herzog. Objetivos muy concretos, muy selectivos, que siempre ha cultivado el comando donostiarra que opera en Guipúzcoa.

El asesinato de su amigo López de Lacalle el 7 de mayo impresionó profundamente a Jaúregui. Ambos tienen un paralelismo político: luchadores por las libertades, con años de cárcel por ello y una militancia en el PCE desde el que se aproximaron a los socialistas. Mantenían una estrecha amistad que cultivaban pese a la distancias que ahora mantenían con posiciones políticas opuestas: López de Lacalle como fundador del Foro Ermua estaba en el extremo opuesto del abanico en el que se sitúan el grupo de Madrid liderado por Margarita Robles y defensores acérrimos de un diálogo con ETA.

No parece casual que ahora, cuando el PNV se distancia del compromiso de construcción nacional adoptado con HB y en su viraje político tenga que enfocar necesariamente hacia el PSE-EE, la banda terrorista apunte y asesine a uno de los principales defensores de las posiciones del diálogo dentro de los socialistas vascos. Una acción destinada a ahondar en la sima entre ambos partidos.

Jauregui, como fue norma en su vida, no escondió últimamente sus convicciones. Como si hubiera querido demostrar que no se sentía exiliado de su país, defendió públicamente, hace sólo tres meses, que el PSE-EE debía hacer un "discurso diferenciado" del PP y abordar "sin tapujos" la reforma constitucional.