Los nuevos operadores reclaman al Gobierno que aplace el régimen de precios telefónicos máximos

La Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel) reclamó ayer al Gobierno un aplazamiento en la aprobación del nuevo régimen de precios máximos a Telefónica, inicialmente prevista para el próximo 1 de agosto. Los nuevos operadores creen que antes de establecer los precios máximos a Telefónica es necesario que el operador dominante proporcione su contabilidad de costes detallada. De ese modo, según Astel, el Gobierno y el sector podrían determinar si los servicios que presta Telefónica se ajustan a costes o el operador dominante utiliza la política de precios para anular la competencia y fijar las tarifas máximas en consecuencia.Los operadores reunidos en Astel reclamaron ayer una mayor participación del sector en la configuración del nuevo régimen de precios, en línea con lo que ha ocurrido en otros países de Europa, "donde se ha producido un mayor debate", según Félix Álvarez-Miranda, director general de Astel. El Gobierno tiene previsto aprobar el régimen de precios máximos a Telefónica el 1 de agosto y obligar a la operadora a reducir un 9% la cesta de servicios (compuesta por las llamadas locales y de larga distancia, la cuota de abono, el alta y los servicios de información) el primer año de aplicación del nuevo régimen. Para los nuevos operadores, ese porcentaje puede resultar una amenaza para el sector si no se corresponde con otras medidas como una rebaja en las tarifas de interconexión (lo que pagan a Telefónica por usar su red), ya que les obligará a reducir sus precios en la misma proporción para poder competir. José López-Tafall, presidente de Astel, señaló que sin una revisión a la baja de las tarifas de interconexión será imposible desarrollar la competencia en la telefonía local a partir de noviembre como está previsto.

Los nuevos operadores piden también a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, dependiente de Economía, un mayor control sobre los planes especiales de descuentos de Telefónica, especialmente sobre los llamados País 30 y Europa 15, que, a juicio de Astel, el operador dominante usa para eludir el actual régimen de precios autorizados.