El Consell Executiu regula la publicidad institucional

1.724 millones el año pasado

El Consell Executiu de la Generalitat aprobó ayer un nuevo proyecto de ley de publicidad institucional por el cual ni la Generalitat ni las administraciones locales podrán utilizar este tipo de influencia en beneficio propio ni para mejorar su imagen. El propósito de este tipo de publicidad es bien distinto: trata de promover y defender valores de la sociedad como "la democracia, el bienestar social, la salud o la seguridad". La propaganda puede ser utilizada con fines muy diferentes.Para evitar que la publicidad institucional influya de una manera negativa en los ciudadanos, el proyecto de ley establece una serie de cláusulas y definiciones. La publicidad institucional, dice el texto, será "respetuosa con la legalidad, la Constitución y el Estatuto de Cataluña". Será, además, "veraz, fácilmente comprensible y no incitará a la violencia, a las actitudes incívicas ni a la explotación del miedo y respetará los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen".

Además, no podrá darse este tipo de publicidad en el periodo comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el día de su celebración.

La ordenación prevé que deben respetarse las normas existentes sobre publicidad engañosa, desleal, subliminal y encubierta. "Ninguna comunicación publicitaria institucional tendrá que ser partidista, ni tener puntos de similitud con la publicidad que realice cualquier partido político para su propia imagen o captación de afiliados", se afirma en el texto que se remitirá al Parlament, donde será debatido en el próximo periodo de sesiones.

El Departamento de Presidencia se ha encargado de elaborarlo según una proposición no de ley presentada por el diputado de Esquerra Republicana Joan Ridao que fue aprobada por la cámara catalana el pasado mes de junio.

Ridao ha valorado "muy positivamente" el contenido del proyecto de ley "pese al retraso con el que se ha elaborado, porque viene a llenar un hueco que existía en esta materia y, además, porque nos equipara a otras comunidades como la andaluza, que ya disponen de una ley similar".En opinión del diputado de Esquerra Republicana, lo importante es que "Cataluña dispondrá antes de que acabe el año de un marco legal que evitará los abusos que se estaban cometiendo por parte de algunas administraciones al emitir su publicidad institucional". Por abusos Ridao se refiere a los 1.724 millones de pesetas que el diputado de ERC afirma que gastó el Gobierno de CiU en 1999, un 453% más respecto del año anterior. Este aumento se atribuye al hecho de que se celebraron varias convocatorias electorales, como las del Parlament, en las que se gastaron una gran parte de los fondos en dos campañas sobre la acción del Gobierno de la Generalitat. Ridao es de la opinión que estas campañas fueron "totalmente electoralistas".