"La Constitución marca la cesión de competencias y no se puede releer"
Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Hacienda del PP en el Congreso, defiende un modelo estable de financiación autonómica a partir de una premisa básica: "La Constitución no se puede releer".Pregunta. ¿Por qué se llama modelo Zaplana al sistema de financiación autonómica diseñado por Rodrigo Rato?
Respuesta. El modelo que diseñó Eduardo Zaplana refleja una forma de hacer política distinta, es una aportación positiva desde la Comunidad Valenciana al conjunto de construcción española.
P. Si el modelo aspira a ser definitivo, es porque el desarrollo del Estado ya es definitivo...
R. Claro. En 1978 se aprueba la Constitución y empieza el proceso de descentralización. Es lógico que la financiación se vaya revisando en paralelo a la cesión de transferencias. Pero cuando ya tenemos una España autonómica consolidada, cuando las comunidades tienen competencias normativas sobre el gasto en sanidad, educación o medio ambiente, es lógico que dotemos a las comunidades de un modelo estable.
P. ¿Para que sea estable, qué se tiene que definir, las competencias de las comunidades autónomas o las del Estado?
R. No. La Constitución marca que la descentralización de competencias se debe hacer en ciertas áreas. No se puede releer ahora. España ha tenido un proceso de descentralización, no de fusión de comunidades, que incluye también a las corporaciones locales.
P. ¿Cuáles serían los porcentajes de gasto público razonables que asumieran las administraciones central, autonómica y local?
R. Una vez transferida la sanidad a las comunidades autónomas, el Estado se quedará con menos del 50% del gasto. Y si se tienen en cuenta las pensiones, que son un elemento de solidaridad que no se puede transferir, el Estado tendrá menos gasto que las comunidades. Eso no está bien ni mal, el gasto no define el nivel de responsabilidad.
P. ¿A qué tope de gasto público puede aspirar la Administración local?
R. Entre el 20 y el 25%.
P. ¿Cómo cuadra el cupo vasco con el nuevo sistema?
R. La Constitución no se puede releer ni en un sentido ni en otro.
P. ¿Cómo se pueden territorializar los impuestos sobre consumo si se gravan sobre la producción?
R. Es un mal camino depender de transferencias del Estado y también depender de un único impuesto. Las comunidades deben contar con una fuente de ingresos que sean una cesta de los tributos. El IRPF puede transferirse incluso a los ayuntamientos. Pero es lógico que las comunidades tengan competencias sobre la recaudación de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco y matriculaciones.
P. ¿Pero cómo?
R. Es muy fácil medir el consumo de gasolina, de alcohol y de tabaco porque se tienen controlados los puntos de venta. Sabemos perfectamente cuántos cigarrillos se consumen en la Comunidad Valenciana.
P. ¿Y el IVA?
R. Hay que buscar una fórmula para que una comunidad autónoma tenga una recaudación acorde con su población de hecho y no de derecho.
P. El modelo beneficia a comunidades muy pobladas...
R. No podemos plantearnos un modelo con vocación de permanencia pensando en a quién beneficia y a quién perjudica. El sistema de financiación hay que construirlo.
P. ¿Cómo se compensa a los más pobres?
R. Uno, la estabilidad del modelo. Dos, que las comunidades dependan de una cesta de impuestos. Tres, que la cesta garantice autonomía, suficiencia y corresponsabilidad. Y cuatro, instrumentos de solidaridad que permitan a cualquier ciudadano español un mínimo viva donde viva; y una especie de fondos estructurales que permitan a los que van por debajo que se suban al tren de los más dinámicos. El Estado debería asumir sólo los instrumentos de solidaridad.
P. Los valencianos, ¿somos ricos o pobres?
R. Tuvimos el acierto de conseguir que la Comunidad Valenciana fuera considerada Objetivo 1, pero llevamos cinco años creciendo por encima de la media comunitaria y con equidad.
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