Bruselas busca pactos para preservar las televisiones públicas

En respuesta a las demandas presentadas por los grupos privados contra las empresas públicas de televisión por competencia desleal, la Comisión Europea propone abrir un proceso de concertación con los Estados y los operadores con el fin de clarificar la situación jurídica del servicio público. La cuestión ha ocupado buena parte de los trabajos de los ministros de Cultura y de Comunicación de los Quince, reunidos de manera informal el 20 y 21 de julio en la ciudad de Lille.

Al abrigo de contenciosos

¿La noción de servicio público audiovisual es soluble en lo digital y multimedia? ¿Las televisiones públicas pueden, legítimamente, virar hacia las nuevas tecnologías? Si la respuesta es que sí, ¿cómo proporcionarles los medios para cubrir esas ambiciones en un mercado marcado por las concentraciones?El dossier de la financiación del sector público de televisión se ha convertido en más y más sensible, a medida que las demandas de las cadenas privadas fluyen desde 1992 hacia la Comisión Europea. En Francia, en Italia, en España o en Portugal, la financiación mixta (fondos públicos e ingresos procedentes de la publicidad) está en el punto de mira de los grupos privados. En Reino Unido y en Alemania se plantea la cuestión de cómo financiar la diversificación de actividades de la BBC y de las cadenas ARD y ZDF.

Hay denuncias por todas partes de que las ayudas estatales distorsionan la competencia. La Comisión Europea hace tiempo que mira el reloj, viéndose a sí misma condenada por dos veces en el Tribunal Europeo de Justicia por no haber resuelto las demandas de las cadenas privadas.

Un responsable comunitario de la Competencia, Ronald Feltkamp, anunció en Lille, con numerosas precauciones oratorias, "decisiones equilibradas". No es cuestión de someter el servicio público audiovisual a la mera competencia económica; su especificidad será tenida en cuenta, como precisa el protocolo adicional al Tratado de Amsterdam. Francia, cuya ley Trautmann -de próxima promulgación- reduce los ingresos publicitarios de las cadenas públicas, debería formar parte de los buenos alumnos. Para ponerse definitivamente al abrigo de contenciosos, el sector audiovisual público europeo busca una garantía jurídica clara. Al término del coloquio, los miembros de la UER subrayaron, en un texto común, "la necesidad de una base jurídica y financiera segura para la realización de su misión de servicio público" y lamentaron "la ausencia de una interpretación común de las reglas de la competencia y del protocolo de Amsterdam".

Según la comisaria de Cultura de la Unión Europea, Viviane Reding, "la Comisión está preparada para lanzar un proceso de reflexión con los Estados y los operadores, con el fin de establecer criterios sólidos que ofrezcan una mayor seguridad jurídica". El marco para ese debate sería el previsto reexamen de la directiva comunitaria de Televisión sin Fronteras. Los grupos audiovisuales privados han sido invitados a participar en el debate .

Pero Marc Tessier, presidente de France Télévision, y Roberto Zaccaria, su homólogo de la RAI, subrayaron los handicaps que sufren frente a competidores privados capaces de obtener recursos económicos rápida y masivamente, y de reinvertir sus beneficios en los nuevos medios. Si las cadenas públicas carecen de medios para desarrollarse sobre los nuevos soportes, esto conduciría, según concluyeron los participantes en el coloquio, "a la marginalización rápida del servicio público, a la erosión de su audiencia y, en definitiva, a volver a poner en cuestión su legitimidad".