1.000 inmigrantes eluden la expulsión que pendía sobre ellos por los retrasos del Tribunal Superior

Beneficiarios

No siempre los retrasos judiciales perjudican a todos. Aunque resulte paradójico, unos 1.000 inmigrantes de numerosos países se van a ver beneficiados de las demoras que flagelan desde hace años al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (un órgano que empezó el año 2000 con más de 50.000 asuntos pendientes de años anteriores). Estos inmigrantes recurrieron ante el Tribunal Superior los decretos de expulsión dictados contra ellos a partir de 1997 por la Delegación del Gobierno, y desde entonces estaban a la espera de que los jueces dictaminaran si las razones aducidas por el Gobierno para expulsarles contaban con respaldo legal. Si los jueces hubiesen resuelto estos casos entonces, cuando regía la antigua Ley de Extranjería de 1985 (derogada a comienzos de este año) seguramente habrían ratificado la expulsión y validado la decisión gubernativa, ya que las causas esgrimidas entonces por la Delegación del Gobierno (estar ilegalmente en España, sin documentación, y carecer de medios lícitos para vivir) estaban recogidas como válidas en la antigua ley.

Pero ahora, cuando los jueces están resolviendo estos recursos, la situación ha variado: las causas de expulsión previstas en la ley anterior están derogadas en la actual legislación sobre extranjería, vigente desde el pasado 11 de febrero. Y, al ser la nueva una ley más favorable para los recurrentes, es la que están aplicando los jueces. Por tanto, ya no cabe expulsarles alegando esos motivos. Entre febrero y julio, el Tribunal Superior ha admitido parcial o totalmente los recursos de al menos 500 inmigrantes y aún le quedan otros 500 por resolver, que correrán la misma suerte, según fuentes jurídicas.

Alfredo Añazco Navarro, de nacionalidad ecuatoriana y cuya expulsión se dictó en 1997 con la prohibición de volver a España en un mínimo de tres años, es uno de los 1.000 inmigrantes que se van a ver beneficiados por estos retrasos. Añazco fue detenido en 1996. Ni llevaba papeles ni pudo justificar medios lícitos para vivir en España. El 4 de marzo de 1997, la Delegación del Gobierno decretó su expulsión. Añazco recurrió. Tres años después, debido a los retrasos judiciales, el tribunal ha anulado esa expulsión aplicándole la nueva Ley de Extranjería, que tiene efectos retroactivos por ser más favorable al ciudadano, ya que no recoge como causa de expulsión de España el hecho de "carecer de medios lícitos de vida". Esa causa "ya no constituye una infracción administrativa", señalan los jueces. La otra causa esgrimida entonces por la Delegación del Gobierno, "encontrarse ilegalmente en Madrid", sí es una infracción administrativa, pero su castigo no es la expulsión, señalan los jueces, sino una multa que oscila entre las 50.000 pesetas y el millón de pesetas. El tribunal entiende que hay que aplicarle la legislación más favorable y ha decidido imponerle una multa de 50.000 pesetas y admitir su recurso contra la orden de expulsión dictada. Igual está haciendo con todos los recursos de esta índole.

El abogado Fernando Oliván, coordinador del Aula de Emigración del Colegio de Abogados de Madrid, sospecha que es muy posible que un tercio de las 1.000 personas que plantearon recurso contra su expulsión por esos motivos fuese expulsado entonces sin esperar al pronunciamiento judicial. A la vista de estas resoluciones, Oliván cree que esas personas podrían regresar ahora a España y alegar el auto judicial con objeto de "acogerse" a los trámites tendentes a regularizar su situación de acuerdo con la nueva ley. Los que por una u otra causa no fueron finalmente expulsados, obviamente también pueden seguir los mismos pasos, pues la nueva normativa así lo permite.

En unos casos, el tribunal está estimando parcialmente los recursos (es decir, sólo impone una multa de 50.000 pesetas por carecer de papeles) y, en otros, los estima totalmente (es decir, no impone ninguna multa). En este ultimo caso lo hace así por entender que ni antes ni ahora concurren las causas alegadas por la Delegación del Gobierno.