Ruiz-Gallardón presenta su proyecto de Ley del Suelo contra la especulación

Acortar trámites, evitar la especulación y promover la vivienda protegida sancionando el fraude. Ésas son las directrices del anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que el Consejo de Gobierno conoció ayer y aprobará en septiembre. El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que, a partir de ahora, se abrirá un diálogo con partidos políticos, patronal, sindicatos, Federación de Municipios de Madrid y Cámara de Comercio para perfeccionar el texto de la futura ley.

Las medidas que se perfilan en la norma regional que está elaborando la Consejería de Obras Públicas son las siguientes: - Supresión de subastas. Se suprimirán las subastas de suelo -sistema habitual utilizado por los ayuntamientos como fuente de financiación-, imponiendo el sistema de concurso (en el que, además de la oferta económica, influyen factores técnicos, sociales, etc). Ruiz-Gallardón afirmó que de este modo se "terminará con la subida de los precios de las viviendas, que se sitúa por encima del de mercado". El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, recaudó el año pasado 10.571 millones de pesetas por el sistema de subastas de parcelas municipales que quiere eliminar ahora la nueva Ley del Suelo.

- Castigo al que especule.. Si un propietario de suelo no cumple con los plazos del programa de gestión (un año en suelo urbanizable y dos años en suelo no delimitado y sin condiciones de desarrollo), se enfrentará a la competencia de otros promotores interesados en desarrollar ese suelo. No es que los propietarios pierdan su derecho de propiedad, pero sí su derecho a desarrollar el suelo. La adjudicación, en este supuesto, se hace previo concurso convocado al efecto y teniendo preferencia la alternativa que llegue a un acuerdo con el propietario. Si no hay acuerdo, el promotor indemnizará al propietario con el dinero que fije el Jurado de Expropiación, órgano dependiente de la Comunidad pero formado por técnicos independientes.

- Vivienda protegida. El 50% del suelo residencial se destinará obligatoriamente a viviendas con algún régimen de protección (más baratas). Pero ese 50% no se podrá concentrar en un determinado número de sectores, como hasta ahora, sino que se tendrá que cumplir en todos los sectores y todas las promociones.

- Multas contra el fraude. Se tipifica como infracción, por primera vez en la legislación urbanística española, según el Gobierno regional, el fraude sobre las viviendas en régimen de protección, incluido el precio del suelo donde se asienten. Se sancionan con multas del 10% al 15% del valor del edificio o del solar.

- Tanteo y retracto. La Comunidad se reserva con esta nueva ley el derecho de tanteo y retracto, lo que le posibilita comprar suelo de promoción para vivienda protegida al precio que marca la ley (justiprecio), aunque el propietario quiera venderlo a un precio superior. Ruiz-Gallardón explicó que esta medida "evitará la especulación y el fraude" en las viviendas de protección.

- Primero, el medio ambiente. La nueva ley exigirá que se realice un "informe de análisis ambiental" antes de que se apruebe el plan urbanístico, sustituyendo al actual estudio de "impacto ambiental", que se realizaba con posterioridad a que se aprobara el plan y terminaba "retrasando los proyectos", según comentó el presidente madrileño.

- Trámites más rápidos. El anteproyecto también establece que, cuando se trate de obras menores, con la solicitud de licencia bastará para comenzar los trabajos o ejercicio de la actividad, siempre que aquélla se acompañe de un documento expedido por una entidad certificante homologada, que se crea en otro apartado del anteproyecto. Si se trata de obras mayores, sí se requiere la concesión de licencia, aunque, si la solicitud se presenta acompañada de un documento de estas entidades certificadas homologadas, transcurridos dos meses se entiende concedida por silencio administrativo. Habrá controles de la Administración.

- Entidades certificantes. Son personas o empresas habilitadas para certificar la adecuación de los proyectos a la normativa urbanística y edificatoria. También pueden realizar inspecciones de edificios y construcciones.