Jospin propone para Córcega una autonomía controlada y la condiciona al fin de la violencia

Los corsos sólo podrán acceder a un cierto grado de autonomía si aceptan someterse a una prueba de "buena conducta" -se habla de "paz civil duradera"- y admiten que el poder legislativo de su Asamblea regional no será el fruto de una "devolución", sino de una "cesión" sobre la que el Gobierno central se reservará el derecho de dar marcha atrás en todo momento. Así puede resumirse el marco general que ayer, en Matignon, el primer ministro Lionel Jospin dibujó ante los miembros de la Asamblea territorial corsa. Dentro de ese marco, los corsos recuperarían la posibilidad de incorporar su lengua a la enseñanza primaria -un aprendizaje del que quedarían exentos los niños cuyos padres lo solicitasen-; tendrían poder, a través de su Asamblea local, para efectuar la "adaptación de las medidas legislativas nacionales", así como también un "poder reglamentario"; conservarían aún por un periodo de diez años su fiscalidad excepcional, que desde 1802 exonera las transmisiones de patrimonio, y el Estado realizaría una serie de traspasos de competencias en materia de ordenación del territorio, desarrollo económico, educación, formación profesional, turismo, medio ambiente, transportes o gestión de infraestructuras.

Departamento o región

Uno de los aspectos más conflictivos en la discusión entre el Ejecutivo y los diputados corsos radicaba en la supresión de los dos departamentos (provincias) actuales para crear uno solo con categoría de región. El Gobierno de París prefería suprimir uno de ellos, pero sin modificar nada más, de manera que región y departamento tuvieran un mismo ejecutivo. Los diputados corsos prefieren que se supriman los dos departamentos para que nazca una colectividad única. El problema jurídico que presenta esta segunda opción es que obliga a una modificación constitucional, pero Jospin parece dispuesto a asumirlo dentro de un horizonte que le traslada al 2004, es decir, después de las elecciones legislativas y presidenciales.

La cuestión del tiempo es básica en la propuesta de Jospin, que parece haber servido para acallar las fundadas reticencias jacobinas de varios de sus ministros, con Jean-Pierre Chevènement -el titular de Interior- a la cabeza. Hasta finales del año 2002, los políticos corsos deberán aprender a manejar una parte creciente de la Administración insular y a hacerlo sin que haya sospechas de que han caído en la corrupción o el favoritismo.

Hasta hoy, la Asamblea territorial, en la que los nacionalistas están en minoría, tiene poder para "presentar propuestas tendentes a modificar o adaptar disposiciones legislativas o reglamentarias en vigor", pero nunca lo ha ejercido. Jospin intenta ahora que los diputados corsos demuestren que sus reivindicaciones son sinceras y necesarias.

La segunda fase, o fase constitucional, no empezaría hasta finales del año 2003, y tras haber realizado una estricta evaluación de lo realizado hasta el momento. "El retorno duradero a la paz civil" figura entre las condiciones inexcusables para contemplar en ese momento cualquier ampliación de las competencias del Ejecutivo y la Asamblea corsos.

El paso siguiente en el futuro inmediato del complicado dossier corso consistirá en hacer votar favorablemente a la mayoría de la Asamblea insular el documento elaborado por Matignon tras varios meses de discusiones.

La fecha prevista para la votación es el próximo 28 de julio y el Gobierno de Lionel Jospin exige que el texto sea aprobado -o rechazado, en su caso- sin enmiendas.

La Unión Europea también tendrá que intervenir en el embrollo para establecer qué ayudas del Estado son aceptables en nombre de la "continuidad territorial" y la lucha contra "la insularidad", y cuáles entran dentro, en alguna forma, de lo que sería competencia desleal.