El fiscal califica a Jesús Gil de "jefe de una familia" en el alegato final del 'caso Atlético'
Jesús Gil, para el fiscal anticorrupción Carlos Castresana, es "el jefe de una familia, de un grupo con una estructura jerárquica" y defraudó más de 1.400 millones al Ayuntamiento de Marbella. "¿Dónde acabó este dinero?", se preguntó el fiscal. "Salvo pequeñas cantidades, en el bolsillo de dos de los acusados", dijo refiriéndose a los principales propietarios del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Enrique Cerezo. El fiscal considera que la trama del caso Atlético "es un castillo de naipes, que se cae cuando se quita la carta de Gil". "Marbella contrató la publicidad con el Atlético porque su alcalde era el presidente", concluyó.
Castresana advirtió al tribunal que debe deslindar los hechos, porque hay dos casos Atlético. Uno que se refiere a los 17 presuntos delitos juzgados en esta causa, cometidos en Marbella contra el patrimonio de este Ayuntamiento, y otro, que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, sobre la transformación del club en sociedad anónima deportiva. El fiscal intenta evitar que un eventual pronunciamiento aquí permita a las defensas argumentar cosa juzgada en la causa abierta en Madrid.También pidió Carlos Castresana al tribunal que tenga en cuenta lo declarado por los acusados durante la instrucción, que llevó a cabo en Marbella el juez Santiago Torres. Todos los acusados se han desdicho durante la vista de sus primeras declaraciones, en lo que el fiscal considera "una puesta en escena coordinada". Aunque, en su opinión, no todo ha sido una representación. "La animadversión y hasta el odio hacia el instructor, algunos peritos y el ministerio fiscal, no es fingida", dijo.
La supuesta parcialidad de la instrucción ha sido uno de los caballos de batalla de la defensa en el juicio. Los acusados han dicho que estuvieron "coaccionados e incluso torturados" durante la instrucción. El fiscal respondió ayer, en su alegato final, que estuvieron acompañados por sus abogados y que todos firmaron sus declaraciones, con lo rechazó el argumento de la indefensión "que supondría, además, el descrédito de los defensores". El maquillaje de las declaraciones finales "coordinadas, para que todo encaje", lleva a Castresana a la conclusión de que "fue necesario mantener el secreto del sumario en enero de 1999 y las prisiones provisionales", para que determinados acusados no pudieran eliminar pruebas e influenciar a testigos.
El fiscal acusa a Gil de dos delitos de falsedad en documento público, cinco de tráfico de influencias, cinco de prevaricación y cinco de malversación de caudales públicos. Y pide para el alcalde de Marbella 29 años y medio de cárcel, 74 de inhabilitación y 1.700 millones de multa por delitos de falsedad en documento público.
El asunto central del caso es la presunta falsificación de dos contratos de patrocinio de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93, por un total de 450 millones de pesetas. Estos contratos permitieron, según el fiscal, salvar al club de la quiebra y el descenso a la Segunda B a finales de junio de 1993. Gil ha mantenido que fueron firmados en julio de 1991 y de 1992. Castresana recordó que el alcalde ha declarado que se enteró del patrocinio, que firmaron el vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el primer teniente de alcalde Pedro Román, cuando se hizo la presentación de la temporada. "Pero ese día las camisetas llevaban el lema corrupción no, una ironía", comentó Castresana.
Para la acusación pública estos contratos, de ser auténticos, se hicieron sin expediente, sin presupuesto, sin aprobación del pleno municipal y sin que se conocieran en el Ayuntamiento hasta 1995. Ayer, el fiscal usó la prueba pericial presentada por la defensa para establecer que "las tintas de los contratos" de cuya fecha se duda "son más jóvenes, más nuevas" que las de los contratos de 1991 y 1992 con los que se compararon.
Al final, Castresana utilizó un relato popular: "Dicen que una vez Federico el Grande de Prusia quiso abusar de una doncella. Se interpuso su anciano padre. ¿Acaso no sabes quién soy yo?, dijo el monarca. Sí el rey, pero todavía quedan jueces en Alemania, replicó el anciano. El fiscal terminó pidiendo al tribunal que termine "con la sistemática malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en Marbella" del alcalde y sus amigos, para su lucro personal.
