El Consell reconoce su "déficit" técnico y humano para aplicar la ley del menor

La Generalitat pondrá en marcha tres juzgados de menores y construirá cuatro centros de acogida para poder aplicar en la Comunidad Valenciana la Ley Penal del Menor, una iniciativa que entra en vigor el próximo enero y establece las nuevas formas de procesamiento y castigo aplicables a los menores de 14 a 18 años que cometen delitos o faltas. El Consell, que reconoce que la Comunidad Valenciana es "deficitaria" en las instalaciones y medios que requiere la nueva legislación, reforzará los equipos técnicos y humanos.

Así lo anunciaron ayer los consejeros de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, y Bienestar Social, Rafael Blasco, quienes presentaron un plan para la aplicación de la Ley que pretende superar las carencias de infraestructuras y personal con las que la justicia valenciana afronta la aplicación del nuevo plan, una verdadera revolución en el tratamiento a dar a los menores que delinquen. Blasco explicó que el Plan de actuación tiene como objetivo adecuar y ampliar las infraestructuras de la Generalitat, ya que, según reconoció, la Comunidad Valenciana es "deficitaria" en las instalaciones necesarias para cumplir lo que señala la ley.

Actualmente hay cerca de un centenar de menores ingresados en los centros penitenciarios valencianos, aunque cuando la ley entre en vigor saldrán de prisión unos 85, que serán ingresados, en función de la tipología del delito que hayan cometido, en un centro de reeducación o en uno de formación.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores obligará a la Generalitat a poner en marcha tres nuevos juzgados de menores, uno en cada provincia, que se sumarán a los dos ya existentes en Alicante y Valencia.

También se construirán un centro para la atención de menores extranjeros y otros "dos o tres más" en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, al tiempo que serán rehabilitados los centros de Pi Gros, en Castellón, y el de Godella, en Valencia, "ya que actualmente no reúnen las condiciones adecuadas", señaló Blasco.

"De esta forma creemos que podemos tener unas instalaciones que puedan dar cobertura a las necesidades de atención a los menores, pero a cada uno dentro de sus propias características", añadió el consejero de Bienestar Social.

Para abordar la puesta en marcha de estas infraestructuras y del personal que precisarán, en ocasiones especializado, ambas consejerías calculan que será necesaria una inversión de cerca de 5.000 millones de pesetas, que contará con financiación de laGeneralitat y de los fondos europeos Feder, de donde se podrán "distraer", según Blasco, unos 2.400 millones de pesetas.

Los consejeros reconocieron la complejidad de la aplicación de Ley Penal del Menor y la premura de su entrada en vigor, aunque consideraron que el "esfuerzo" de los dos departamentos "hará posible cumplir el objetivo de cualquier menor, sea cual sea su condición, encuentre en esta Comunidad las debidas atenciones".

Carlos González Cepeda recordó que la Comunidad Valenciana tiene las competencias transferidas en materia de Justicia desde 1995, aunque fueron ampliadas dos años más tarde, y agregó que aunque la aplicación de esta ley ha sido "cuestionada" en otras autonomías "aquí existe el compromiso del Gobierno Valenciano para su puesta en marcha".