Un plan para el agua

El Gobierno ha dado un paso, aunque no sea definitivo, en el camino de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Ha dado su visto bueno a un proyecto, flanqueado de un programa de actuaciones y de inversiones por valor de tres billones de pesetas para la gestión integral de los recursos hídricos, que puede constituir un punto de partida sólido para su discusión a partir de septiembre en el Consejo Nacional del Agua. Si este organismo, en el que están representados las administraciones públicas y los sectores directamente relacionados con la gestión y uso del agua, da su acuerdo al proyecto, es posible que a finales de este año o principios del próximo pueda iniciarse en el Parlamento el debate de un texto esperado desde hace 15 años.El Plan Hidrológico Nacional es un asunto que el PP tiene pendiente desde 1996 y sobre el que decía tener ideas muy claras cuando estaba en la oposición. Visto lo visto, esas ideas fueron válidas para torpedear los proyectos defendidos por los anteriores Gobiernos socialistas, pero no para articular uno propio. Ése fue uno de los principales fracasos de la anterior ministra, Isabel Tocino. La actitud del Gobierno de Aznar se tornó prudente y cautelosa en un asunto ciertamente controvertido. En muchos aspectos, los populares han terminado por asumir tesis que combatieron antes de su llegada al poder.

Los travases son en España el aspecto más polémico de cualquier proyecto de ordenación de los recursos hídricos. El PP se opuso a ellos cuando otros los proponían, pero comenzó a aceptarlos en documentos como el Libro Blanco del agua, presentado al Senado por Tocino. Por supuesto, siempre que fueran acompañados de un sistema de compensaciones a las comunidades autónomas que cedan sus excedentes. Ahora, en el proyecto conocido el sábado, los condiciona a la previa solución de los problemas internos de cada cuenca: gestión, regulación, medio ambiente. Ningún estudio previo ni anteproyecto anterior de Plan Hidrológico Nacional contemplaba otra cosa a la hora de articular alternativas de transferencia de agua de zonas excedentarias a las deficitarias.

El Plan Hidrológico debe afrontar sin tapujos la dimensión interterritorial del problema. En este punto esencial, el PP mantiene que su objetivo es resolver esa dificultad "en toda España". Además, ha de ser capaz de abordar el cúmulo de retos -desde obras de infraestructura hasta medidas medioambientales- que plantea un uso racional y ecológico del agua, un bien fundamental y escaso en el conjunto del país. El Gobierno destinará el 84% de los tres billones de pesetas previstos a actuaciones directa o indirectamente relacionadas con el medio ambiente, y el 16%, a obras de infraestructura. La proporción responde tanto a las actuales necesidades de almacenamiento y mejora de la red de conducción como a las exigencias medioambientales del proceso de tratamiento.

Además de los problemas ecológicos que gravitan sobre el agua existen otros derivados de los hábitos de consumo. El ahorro es fundamental en un país parcialmente desertificado, en el que el agua es a la vez más escasa y más barata que en la mayoría de los países europeos. Ningún proyecto para racionalizar el uso de los recursos hídricos puede dejar de lado el ahorro. La espinosa cuestión del precio del agua -al margen de las facturas actuales, que sólo amortizan el coste de su tratamiento y conducción- no puede eludirse si se quiere poner coto al despilfarro y crear una imprescindible conciencia de un bien escaso.